El partido de Inés Arrimadas señala que algunas voces a nivel internacional han reconocido que quizás “sea necesario” reconocer al régimen talibán, mientras que otros líderes globales han rechazado “frontalmente” normalizar este régimen.

De hecho, destaca que la resistencia que se está organizando en torno a la región de Panjshir, demuestra que aún hay un “número considerable” de afganos que están dispuestos a luchar contra los talibanes para evitar volver 20 años atrás. Por todo ello, Cs pide al Gobierno que lidere el no reconocimiento del régimen talibán.

Asimismo, con esta propuesta pide al Ejecutivo limitar sus relaciones con el régimen talibán a las “estrictamente necesarias” para asegurar la salida “ordenada” de los afganos que se hayan visto obligados a permanecer en el país ante el fin de la primera etapa del operativo de evacuación desplegado por las naciones con presencia en el país.

También pide elevar, en el seno del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la necesidad de implementar sanciones específicas contra los principales líderes del régimen talibán para ejercer presión sobre los mismos con el objetivo de “dificultar lo máximo posible” su toma del poder efectivo en Afganistán.

Cs aboga por paralizar toda transferencia de fondos de cooperación internacional para el desarrollo que tuviera como destino Afganistán hasta poder asegurar que estos fondos no acaban en manos de los talibanes y, por tanto, financiando sus actividades, así como estudiar redirigir este apoyo a las fuerzas que se oponen a este régimen en la provincia afgana de Panjshir.

Otra de las cosas que propone con esta medida es redoblar la lucha internacional contra el cultivo de opioides, su tratamiento y su comercio, siendo esta una de las “principales actividades” que proporcionan recursos económicos al régimen talibán en Afganistán.

Además, apuesta por mantener los flujos de ayuda humanitaria, que gestiona directamente las instituciones donantes, para evitar el “agravamiento” de la situación humanitaria en el país y prevenir así posibles flujos masivos de personas que puedan poner “en riesgo su vida” por llegar a la Unión Europea.