Los vocales del Consejo de uno y otro signo están de acuerdo en que su presidente reclame una renovación urgente que es necesaria para impedir que se “debilite” la independencia judicial. Y hará esta exigencia por igual al PP y al PSOE evitando entrar en la batalla por la responsabilidad en la falta de acuerdo para la renovación.

En este sentido, preocupa especialmente la situación del Tribunal Supremo. La modificación de la legislación sobre el CGPJ supuso una limitación efectiva de su capacidad para efectuar nombramientos. Así, a principios del año próximo le número de vacantes sin cubrir se acercará al medio centenar, una decena de ellas en el Supremo y otra media docena en las presidencias de Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, cuyos actuales presidentes podrán continuar en funciones hasta su relevo. Esta situación compromete el normal funcionamiento de esos órganos judiciales.

Es el caso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, la que tendrá que estudiar la concesión de los indultos a los condenados del ‘procés’, que tras la jubilación en agosto del magistrado José Díaz Delgado acumula cinco vacantes, que serán seis a principio del año próximo con la prevista jubilación del magistrado Rafael Fernández Valverde.

Fuentes del CGPJ indican que el órgano de gobierno de los jueces estaría buscando fórmulas para poder cubrir esas plazas mediante la figura del magistrado suplente o nombrar a alguno en comisión de servicio, pero no está claro que esta operación pueda sortear las limitaciones legales de la última reforma del CGPJ.

Mientras tanto, los vocales del Consejo y su presidente no dejan de enviar al PP de manera discreta un mensaje claro para que llegue a un acuerdo de renovación. Los populares no parecen estar dispuestos a dar su brazo a torcer y mantienen su exigencia de que sean los propios jueces los que elijan a una parte de los integrantes del CGPJ y que Unidas Podemos quede al margen de la negociación.

Sin embargo, tanto la ministra de Justicia, Pilar Llop, como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defienden el actual sistema de elección de los jueces. El Gobierno acusa en exclusiva al PP de la paralización de la renovación y ha puesto en marcha una campaña en redes sociales bajo el lema ‘Mil días de secuestro de la Constitución’.