En nota de prensa, la organización pidió al Ministerio del Interior que “deje de poner palos en las ruedas” de la investigación.

La Red subrayó que la decisión de la Audiencia Nacional supone rechazar la argumentación presentada por el Secretario de Estado de Seguridad y la Abogacía del Estado, que plantearon un recurso de inadmisión alegando que no tenían competencias en materia de deportación de los menores migrantes, y en el que además culpaban de todos los fallos en el procedimiento a la Delegación del Gobierno de España en Ceuta.

Asimismo, señalaban que todos los escritos o actos adoptados por el Ministerio del Interior y la Secretaría de Estado eran “actos de cooperación inter administrativa”.

Con esta decisión, la Audiencia Nacional “vuelve a adherirse así al criterio que ya ha defendido ante la Sala de lo Contencioso en varias ocasiones la Red Española de Inmigración”, apuntó la ONG, convencida de que, tal y como ha reconocido el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, “fue el ministro Marlaska quien, en nombre del Gobierno, mantuvo las reuniones con el presidente Vivas, el que ordenó que se ejecutasen los acuerdos de deportación y, en suma, el que puso en marcha a través de la Delegada del Gobierno de Ceuta todos los pasos que llevaron a la deportación sumaria de menores sin el correspondiente procedimiento contrastado de Fiscalía”.

Por eso, la Red Española de Inmigración pidió al Ministerio del Interior que “deje de poner palos en las ruedas de la investigación que conduce la Audiencia Nacional y permita a la justicia trabajar”.

“Su Ministerio puso todo en marcha y ahora quiere culpar a sus colaboradores en la Delegación del Gobierno de Ceuta en lugar de reconocer que son personal bajo sus órdenes, que no respetaron ni el más mínimo procedimiento administrativo”, criticó.

El director de la Red, Rafael Escudero, instó al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la ciudad autónoma a sentarse "con las entidades que trabajamos en esta materia y se ponga fin a su intento de seguir adelante con un proceso condenado al fracaso”.

Esta organización formalizará en los próximos ocho días de plazo concedido por la Audiencia la causa contra el Ministerio del Interior, si bien se realizarán ampliaciones de información y otros elementos para que se pueda determinar “quién, cuándo, por qué y con qué criterio puso realmente en marcha el procedimiento”.