Así lo aseguró en un comunicado que publicó este lunes como respuesta ante el documento de Estrategia sobre Salud Mental presentado por el Ministerio de Sanidad y que calificó de “declaración de buenas intenciones sin financiación”.

El documento propone dos soluciones, una a corto y otra a largo plazo. Su solución a corto plazo es plantear al Consejo Interterritorial (CIIT) del Sistema Nacional de Salud una intervención que impulse una atención personalizada, refuerce la Atención Primaria e incremente los recursos. Según la federación, “nadie podría manifestarse en contra de estas tres propuestas razonables”, aunque el desacuerdo pueda surgir al desarrollarlas.

"Cualquier propuesta de cambio que se haga, aunque sea urgente, en un sistema tan complejo como es la Salud Mental, ha de estar consensuada entre todas las partes interesadas y no por un grupo de profesionales, por muy competentes y dignos de respeto que sean", aseguró a este respecto.

En cuanto a la segunda solución, a largo plazo, la federación recomendó la creación de "un Grupo de Trabajo amplio, diversificado, representativo y técnicamente cualificado, con una dirección responsable por parte de un profesional con competencias en el tema que propondría sus conclusiones al CIIT del SNS".

Por su parte, calificó de “fallidas” todas las estrategias anteriores en este ámbito, incluyendo la de 2007 y los borradores posteriores, pues cree que no puede ser competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad y que la salud mental también es una cuestión social.

Asimismo, hizo hincapié en otros errores, como que no pueden plantearse un centenar de objetivos (que tachó de “inabarcables e imprecisos”) que las comunidades autónomas ejercían "como juez y como parte" al ejecutarla pero también evaluar su ejecución, y que carecía de financiación.

En este sentido, aseguró que "la Estrategia de Salud Mental debe contar con la participación de todos los “sectores en pie de igualdad”, con “objetivos concretos y cuantificables” que se pudieran alcanzar durante su periodo de vigencia, y con una evaluación a cargo de una agencia independiente".

Por último, la federación afeó que el documento no establezca ni “los fondos financieros necesarios para llevarlas a cabo ni los mecanismos administrativos que permitan cumplirlas”, por lo que lo calificó de “una lista de buenas intenciones con pocos visos de operatividad”.