Los empresarios han adoptado esta decisión en un encuentro organizado por la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), que ha servido para reflexionar y consensuar acciones encaminadas a evitar el "aluvión" de cierres que podría provocar la "asfixiante" deuda de la administración.

Según explicó en rueda de prensa el presidente de la FED, José Alberto Echevarría, la administración pública debe al sector 1.268 millones de euros, lo que hace peligrar la atención de casi un millón de usuarios, más de 200.000 puestos de trabajo directos, 100.000 indirectos y la sostenibilidad de 5.000 empresarios.

Y es que, en virtud de las cifras de esta federación, en España hay un total de 4.010 residencias privadas con 300.000 plazas privadas, que son el 75% del total de estos centros.

Y si se contabilizan las residencias públicas gestionadas por empresas privadas, el sector representa el 85% del total.

Ante esta situación, los empresarios de la dependencia exigen "medidas urgentes", que, a su parecer, pasan por reducir el gasto en otros sectores y por controlar de forma "exhaustiva" las prestaciones del cuidador informal.

Mientras las residencias de atención a la dependencia no vean resultados, están dispuestas a realizar "parones" periódicos a los que convocan a trabajadores, usuarios y familias. El primero de ellos está previsto para el jueves 3 de noviembre.