Con la aprobación del real decreto, propuesto por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se regulan las competencias para realizar la legalización única o apostilla prevista por el convenio XII de la conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

De esta forma, se supera la antigua división entre autoridades competentes para apostillar documentos, ya que hasta ahora sólo podían emitirlos en su ámbito geográfico concreto.

Asimismo, con la aplicación de las nuevas tecnologías los documentos administrativos podrán ser apostillados en soporte papel o electrónico por las autoridades competentes, con independencia del lugar geográfico, dentro del ámbito nacional.