Llarena explicó que, efectivamente, los jueces tienen la "posibilidad de modular" sus decisiones con arreglo a los márgenes que les concede la ley.

En todo caso, "si no hay modificaciones de la legislación vigente" las "fluctuaciones" de su actuación están limitadas por lo establecido en la norma "sin posibilidad de ir más allá".

En consecuencia, la APM no espera que haya ninguna "paralización" de los procesos judiciales en marcha contra miembros o colaboradores de ETA que serán castigados con arreglo a la gravedad de sus delitos.

El mayor margen de maniobra se dará, según Llarena, en el "tratamiento penitenciario" de los etarras, cuyo arrepentimiento y firmeza en el rechazo de la violencia terrorista deberá ser analizado de manera "individual".

"Nadie puede establecer la expecatativa de que delitos graves puedan quedar en la impunidad" por el hecho de que ETA haya decidido dejar su actividad armada. "Eso sería contrario a la ley, a la justicia y a la historia de la humanidad", sentenció.

Sobre la impugnación de las formaciones políticas presuntamente vinculadas a la banda, el portavoz de la APM dijo que todas ellas deberán ser investigadas puesto que no existe evidencia "empírica" de la desaparición de ETA por comprobación de su "dosolución" y "entrega de armas".