La AICA recordó que, “de acuerdo a la Ley de la Cadena Alimentaria, es obligatorio la formalización de un contrato por escrito antes de la entrega de la uva de vinificación y que el viticultor conozca previamente el precio, que debe ser abonado en el plazo máximo de un mes desde la fecha de entrega”.

Así, el organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación insistió en que “no formalizar contratos y pagar fuera de plazo” supone “una infracción grave” de esta legislación y que, “desde la introducción el año pasado de las medidas de reforma de esta norma, los precios de venta en el primer eslabón no pueden estar por debajo de los costes de producción”.

Además, animó a que los operadores que detecten incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria interpongan “las correspondientes denuncias” a los infractores.

La AICA recordó que ha realizado "desde 2015 casi un millar de controles en el sector vitivinícola”, de los que 656 inspecciones se han dirigido a “viticultores y a las ventas que realizan a los bodegueros, y otras 275 en bodegas para analizar tanto las compras a sus proveedores como las ventas a sus clientes”.

A juicio del organismo, estos controles han permitido una mejora en la regulación de la contratación, aunque reconoció que “persisten aún en la cadena vitivinícola ciertas deficiencias en la fijación del precio de los contratos, especialmente en los momentos iniciales de las campañas”.