Igual que el Estado debe garantizar que un proveedor cobre en un periodo de 30 días por parte de la Administración, “tiene que resolver temas tan esenciales como el de las necesidades básicas de las personas con discapacidad y darles la máxima cobertura desde el punto del vista del Estado social, especialmente a la gente que no puede”, manifestó, porque “el Estado tiene que ser garante de igualdad, por lo menos básica”.

Denunció que el Libro Blanco de la Ley de Dependencia establecía que había que cumplir con 300.000 puestos de trabajo y, en su lugar, se ha dado una ayuda a las familias para que cuiden a los discapacitados que tienen en casa o a sus mayores con una dependencia severa.

Se trata de una ayuda, dijo, que oscila entre los 380 y 400 euros y que en muy pocos casos ha llegado al tope máximo, que son algo más de 800 euros. A su juicio, “las personas que cuiden a los dependientes deben ser cuidadores, que pueden ser de la familia o no, pero que tienen que estar dados de alta en la Seguridad Social”, agregó.

Para Cayo Lara, “lo que no puede ser es que (la atención a la dependencia) se convierta en negocio, porque el servicio pierde calidad, o hay que pagar más o se recortan los salarios de los trabajadores”.

Por otra parte, el coordinador federal de IU recordó que el gasto social español está por debajo de la media europea y que para equipararlo sería necesario invertir 70.000 millones de euros. “Y para eso hay que acabar con el fraude fiscal y luchar contra la economía sumergida”, añadió.