Así consta en la respuesta que remitió Borrell, en nombre de la Comisión Europea, a la eurodiputada española Soraya Rodríguez, en la que detalló que la UE está perfectamente al corriente de la situación de la ciudadana española.

Juana Ruiz, de 62 años, coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, que vive desde hace décadas en los territorios ocupados en Cisjordania, fue acusada por la justicia israelí de varios cargos, entre los que se encuentra el de ayudar a financiar el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

A este respecto, el Alto Representante afirmó que la UE “hace un seguimiento de todas las alegaciones fundadas de posible uso indebido o desviación de sus fondos” y dejó claro que, hasta la fecha, “no ha encontrado pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación en Palestina”, en contra de las acusaciones de las autoridades israelíes al respecto.

CONDICIONES DE DETENCIÓN

También subrayó Borrell que la Delegación de la Unión Europea en el Estado de Israel y la Oficina del Representante de la UE en Cisjordania y Gaza “siguen muy de cerca” la situación de la ciudadana española y se mantienen “en estrecho contacto” con la embajada de España en Israel y con el consulado general de España en Jerusalén, que son responsables de la asistencia consular.

Desde el primer momento, siendo la titular de Exteriores española Arancha González Laya, España exigió “la mejora de las condiciones en las que se encuentra la detenida”, en aspectos básicos como alimentación, higiene y cuidados. Por otra parte, la entonces jefa de la Cancillería reclamó “plenas garantías para esta ciudadana” en el proceso legal. En la misma línea, el Alto Representante señaló que proporcionar a Juana Ruiz unas condiciones de detención adecuadas y garantizar que reciba asistencia consultar y asesoramiento jurídico “siguen revistiendo extrema importancia”.

En particular, detalló, la Delegación de la UE en Israel planteó en varias ocasiones ante las autoridades israelíes la necesidad de “un acceso consular completo y de mejores condiciones de detención” para la cooperante.

La Comisión, recalcó Borrell, mantiene “su firme compromiso” de garantizar el pleno respeto de la legislación aplicable de la UE, así como de “evitar cualquier posible abuso de los fondos de la UE” en cualquier lugar del mundo, pero niega que en este caso haya prueba alguna de que se haya producido dicho abuso.