Estos colectivos emitieron un comunicado conjunto en el que mostraron su preocupación y sorpresa por la decisión de trasladar a la esfera de la empresa privada no vinculada al mundo sanitario el proceso de vacunación, máxime cuando se ha procedido al cierre de centros de salud.

Ante esta situación, destacaron que este tipo de decisiones “no implican mejoras en la gestión de los pacientes, sino que apuestan por un modelo de atención sanitaria fragmentado”, “anulan la continuidad de atención”, “perjudican la calidad de los registros y atenta contra la seguridad de las personas”, incide en la “visión mercantilista de la salud”, representa “una minusvaloración de nuestros profesionales”, avanza en la “externalización de servicios sanitarios” y ahonda en el “desmantelamiento” de la Atención Primaria.

Por todo ello, reclamaron que “se determinen los estándares de calidad” de la campaña de vacunación en el Consejo Interterritorial, reforzar el personal y los recursos en la Atención Primaria y consensuar medidas que impidan el cierre de los centros de salud.