El vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró; la de Presidencia, Laura Vilagrà; y el de Economía y a Hacienda, Jaume Giró, se reunieron esta tarde con una delegación del Gobierno en el seno de la comisión bilateral entre ambos ejecutivos. La reunión se celebró en la sede del Ministerio de Políticas Territoriales bajo la presidencia de su titular, Isabel Rodríguez.

Mientras que la ministra hizo una valoración muy positiva de la reunión, los representantes de la Generalitat fueron mucho más tibios en su valoración. Insistieron en que esta reunión es sólo un primer paso y en que el Gobierno de Cataluña se compromete a hacer “un trabajo intenso” durante los próximos meses para lograr acuerdos.

La Generalitat valoró positivamente la inversión anunciada por el Ejecutivo central de convertir el aeropuerto de El Prat en un nudo de comunicación transcontinental y también destacaron como algo positivo la voluntad de mejorar infraestructuras y el puerto de Barcelona en un solo paquete de inversiones. VIlagrà insistió, en cualquier caso, en que estos acuerdos no pueden servir como “moneda de cambio” en la resolución del conflicto político.

AMPLIACIÓN DE EL PRAT

La ampliación del aeropuerto de El Prat, una reivindicación histórica de la Generalitat, no figuraba como tal en la agenda de la reunión, y se cerró en una reunión en Transportes. El Gobierno ha tenido mucho cuidado en encuadrar esta inversión de 1.700 millones euros en un “proyecto de país” que también destinará 1.600 millones de euros al aeropuerto madrileño de Barajas, y que supondrá la creación de 83.000 puestos de trabajo directos.

Puigneró aseguró que el proyecto para El Prat será en cualquier caso sostenible y contará con las garantías medioambientales que sean precisas y con el aval europeo. El Prat se encuentra junto a la vega del rio Llobregat que alberga importantes humedales, que podrían verse afectados por una ampliación de las pistas del aeropuerto. El consejero, sin dar detalles, insistió en que se intentará realizar la ampliación con afectación “cero” en esas de alto valor ecológico.

Además, el consejero puso de manifiesto su “malestar” por el hecho de que el Gobierno se haya negado a tratar el tema de los fondos europeos en esta reunión. La delegación del Govern no ha logrado que se tratara el tema, que quedó fuera del orden del día, pero sí fue objeto de debate en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes en Salamanca, con ausencia del Gobierno catalán.

MENOS CONFLICTIVIDAD

Los representantes de la Generalitat acudieron a la reunión con el confeso objetivo de reducir la conflictividad entre administraciones y para ello pusieron sobre la mesa la posibilidad de negociar acuerdos que eviten los conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional y, sobre todo, que excluyan la previsión que hace la Carta Magna para que la legislación autonómica no sea suspendida cuando sea impugnada por el Gobierno mientras se pronuncia el tribunal.

En este sentido, la consejera de Presidencia planteó en la reunión la petición de retirada del recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional contra la ley catalana de alquileres y la negociación en Madrid de la Ley Audiovisual que, a su entender, sólo protege el español y no promueve ni ampara el catalán en las plataformas de entretenimiento.

La comisión bilateral acordó celebrar reuniones mensuales de septiembre a enero con una agenda concreta que pretende abordar la mayor parte de las reivindicaciones pendientes del Gobierno catalán. El objetivo es celebrar en enero de 2022 una nueva reunión de la comisión bilateral que evalúe el trabajo de estos meses y refrende los acuerdos que se alcancen en los grupos de trabajo entre septiembre y diciembre.

En este sentido, Vilagrà mostró la disposición de la Generalitat a hacer un “trabajo intenso” durante los próximos meses para lograr el traspaso de esas 56 competencias que el Gobierno catalán quiere lograr en su totalidad y las quiere “ya”.

En esta reunión se avanzó en la regulación del traspaso de las becas de estudios y se pusieron sobre la mesa competencias sobre políticas activas de empleo, infraestructuras y cercanías, ingreso mínimo vital, dependencia, formación médica especializada, políticas activas de empleo, titularidad de edificios de infraestructuras (como la comandancia de la Policía Nacional de la céntrica vía Laietana de Barcelona) y la posibilidad de que los Mossos d`Esquadra se puedan jubilar antes de los 60 años, como sucede en otros cuerpos policiales.

Ésta es la décima reunión de la comisión bilateral entre los gobiernos central y autonómico. Las tensiones vividas durante el proceso independentista impidieron que este foro se reuniera en los últimos tres años. La última se celebró en 2018.

La Generalitat también planteó en la reunión de este lunes los incumplimientos de acuerdos anteriores por el Ejecutivo central. Entre ellos, destaca la reclamación por el déficit de inversión en infraestructuras catalanas. En el 2017 el Tribunal Supremo dictaminó que el Estado debía abonar a la Generalitat 759 millones de euros. Se acordó entonces que esa cantidad se ingresaría en cuatro plazos. Quedan por pagar 200 millones que se iban a pagar este año a cambio del apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado, pero su traspaso no está contemplado por el momento.