Este departamento gubernamental lidera 65 de los objetivos de Gobierno para esta legislatura sobre los que ayer hizo balance su presidente, Pedro Sánchez. De esos 65 compromisos que le corresponden del documento de rendición de cuentas ‘Cumpliendo’, 36 ya están cumplidos y otros 27 se encuentran en proceso de cumplimiento.

Interior, entre otras políticas públicas destacadas, tramitó y consiguió la aprobación parlamentaria este semestre de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, refuerzo básico para la cooperación policial internacional.

Esta ley orgánica transpone dos directivas comunitarias sobre la materia y es norma básica para consolidar la posición española en el sistema europeo de cooperación policial, imprescindible para asegurar una eficaz respuesta institucional a las crecientes amenazas para la seguridad que representan fenómenos como el terrorismo o el crimen organizado que, en numerosos casos, tienen un fuerte componente transfronterizo.

Por otra parte, ha consolidado el Sistema Nacional de Protección Civil con la aprobación del Plan Estatal ante el Riesgo de Maremotos, el primero de estas características en España, y el acuerdo para crear un sistema de alertas públicas en caso de grandes catástrofes y emergencias.

En el ámbito penitenciario, el ministerio ha potenciado el cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción y la reeducación incluido en el artículo 25.2 de la Constitución con dos programas pioneros a nivel mundial: el plan contra los delitos de odio y el Programa de Intervención en Delitos Económicos (Pideco).

EJES TRANSVERSALES

Uno de los ejes transversales de la política del Ministerio del Interior es el impulso a las medidas que aseguran la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Uno de los hitos del semestre ha sido la adopción de un paquete de medidas de refuerzo del Sistema Viogén, el mecanismo de protección de las mujeres víctimas de violencia de género, incluidas en el catálogo urgente aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes 26 de julio.

Entre esas medidas, destacan el impulso a la entrada en el sistema de los servicios sociales de base y de atención especializada autonómicos y municipales, y la implantación del Protocolo Cero, herramienta dirigida a valorar los testimonios de familiares e integrantes del entorno social de una víctima de maltrato para generar mecanismos policiales de protección adecuados no condicionados a la interposición de denuncia previa.