El informe es fruto de la visita de trabajadores de la organización a casi 30 centros de protección de menores en Canarias y dispositivos del Plan Canarias, en las que han entrevistado a profesionales como educadores, fiscalías, policía nacional, y a niños y niñas migrantes, que aprovecharon para dar recomendaciones en este ámbito.

“Se estima que más de 33 millones de personas, desde que hay registros, han tenido que huir de sus países, y que la mitad de ellos son niños, especialmente en el siglo XXI”, apuntó Gustavo Suárez Pertierra, presidente de Unicef España.

“No se trata de un fenómeno pasajero, sino estructural, que requiere políticas adecuadas y herramientas adicionales para dar una respuesta a estas situaciones de contingencia”, precisó, haciendo hincapié, además, en el cambio de rutas, pues en 2018 redactaron un informe de la frontera sur, sobre la situación de Ceuta, Melilla y Andalucía, y los principales movimientos actualmente se registran en el archipiélago canario.

En palabras de Pablo Ceriani, investigador y autor del documento, “el informe anuncia la situación de niños que llegaron tanto solos como con familiares, e incluye tanto una actualización a la crisis de 2018 como una especial incidencia en la migración masiva de mayo de 2021”.

En este sentido, y según los datos de Unicef en los que se basa el informe, 30.000 personas llegaron a las islas desde comienzos de este año, lo que representa un 750% más de las personas que llegaron durante el mismo periodo del año anterior. De ellas, más de 3.000 eran niños, de los cuales 2.500 siguen tutelados.

A partir de estos datos, obtuvieron varias conclusiones. Entre ellas, Ceriani afirmó que “el modelo actual de distribución de competencias para los migrantes no acompañados es inadecuado e ineficaz”, y que “sin un modelo basado en la corresponsabilidad muchos niños y niñas quedan desprotegidos”. Además, achacó la saturación del sistema de acogida canario a la “ausencia de un mecanismo de derivación” y a la “demora de los procesos administrativos”, haciendo especial incidencia en las dificultades que experimentan estos niños para conseguir el derecho de residencia, de los que estiman que lo consiguen solamente un 3%.

El investigador, además, explicó las “dos caras del proceso de acogida”, la existencia de “un proceso virtuoso, de recepción y posterior integración que alcanza al 20% de los inmigrantes”, y del que afirmó haber observado su impacto positivo; y el proceso que siguen todos los demás, que contempla una “estadía prolongada en un camino de adquisición de derechos y de integración que no llega a completarse”, habitualmente porque no están formalmente tutelados y, por tanto, no pueden ser escolarizados ni acudir a formación profesional reglada de ningún tipo, lo que genera una convivencia difícil, peleas entre ellos o autolesiones, situaciones que, debido a la saturación del sistema de acogida, la fiscalía de menores no puede supervisar.

“SALTO AL VACÍO”

En esta línea, incidió en el “salto al vacío que implica la emancipación”, cuando estos menores cumplen 18 años y, por tanto, ya no pueden ser tutelados, y deben enfrentarse a no tener acceso a puestos de trabajo o vivienda por no tener residencia legal; y tampoco al Ingreso Mínimo Vital (IMV), uno de cuyos requisitos de solicitud es un mínimo de 23 años de edad. En los casos más extremos, apuntó, “puede terminar con ellos viviendo en situación de calle”.

Por otra parte, Sara Collantes, especialista en migraciones de Unicef, afirmó que “nuestro país actualmente no está preparado para dar una respuesta adecuada a los niños migrantes cuando hay una emergencia migratoria”.

En este sentido, desde la organización pidieron que se apruebe la ‘Estrategia Integral para la atención a niños y adolescentes no acompañados’, para la que formularon varias recomendaciones, entre las que se encuentran la incorporación de un “mecanismo nacional de derivación” que garantice el traslado de los menores desde las fronteras hasta otras comunidades basado en evaluaciones del “interés superior” de estos menores.

También reclama recursos estables de acogida en todo el territorio español; la coordinación entre las principales instituciones que intervienen en el proceso, que incluya la creación de una unidad técnica de respuesta rápida a la infancia durante las emergencias; y la incorporación de especialistas en infancia a equipos multidisciplinares de costa y terrestres que se encarguen de su recepción y que puedan evaluar rápidamente su identidad, filiaciones o riesgos, haciendo especial hincapié en aquellos que hayan sido víctimas de trata o sean vulnerables por situaciones de salud mental.

En este sentido, animaron a la creación de un “fondo permanente de contingencia”, con participación económica de todos los autores y también de la Unión Europea.

Por último, recriminó a las autoridades la escasa calidad del registro de menores extranjeros no acompañados, e incidió en la necesidad de un sistema común para la gestión de la información sobre ellos y de la lucha contra la criminalización del colectivo.

El informe, además, incluye otras recomendaciones, como la incorporación de los mismos estándares de calidad en todo el territorio, la necesidad de medidas de supervisión satisfactoria y un trato especial para menores especialmente vulnerables; así como la promoción de la acogida familiar como alternativa a la protección institucionalizada.

“No podemos permitirnos seguir improvisando la respuesta a estas situaciones porque nuestro país, por su situación fronteriza, seguirá siendo la puerta de entrada de muchos niños migrantes a Europa”, aseguró Collantes.