Diputados de este partido han denunciado el retraso en resolver este asunto ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y la asociación de Abogados Cristianos también presentó una querella en el Supremo por “retraso malicioso”.

Durante una entrevista en Rne recogida por Servimedia, Montero recordó lo que le sucedió al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuando quiso modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (la vigente ley de plazos) de 2010. Se encontró con la oposición de “todo el movimiento feminista” y tuvo que retirar su propuesta.

Según Montero, “nuestra obligación como Gobierno, y la mía en particular como ministra, es garantizar los derechos humanos de todos, y la interrupción voluntaria de su embarazo es un derecho básico de todas las mujeres que, por desgracia, no se está cumpliendo en nuestro país”.

“Hay varias comunidades autónomas que llevan años sin practicar ni un solo aborto en su sanidad pública”, subrayó. Consideró que por ello, “tenemos mejoras que realizar” en la ley de 2010, que “sin duda fue un gran avance”.

“Ahora nos toca seguir dando pasos de gigante para asegurar que ese derecho humano (que reconoció la ley de plazos) es garantizado”, prosiguió Montero, “no solo en lo que se refiere a la interrupción del embarazo, sino también a la educación afectivo sexual y al reconocimiento de violencias específicas, como la violencia obstétrica”. Apuntó que mantienen “trabajos intensos” con distintas asociaciones para avanzar en estos ámbitos.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, Montero se refirió también al decálogo de medidas para mejorar la protección contra la violencia de género que este martes aprobará el Consejo de Ministros. Entre estas, destacó la creación de “un instrumento estandarizado para la detección precoz” de los casos de maltrato dirigido a los médicos de familia, los servicios de pediatría, las urgencias hospitalarias, etc., así como la puesta en marcha de una “ventanilla única en los Servicios Sociales”, donde las víctimas puedan recibir toda la información sobre las prestaciones a las que tienen derecho y ayuda con su tramitación.

Además de avanzar en detección, Montero apuntó que el paquete de medidas “incluye un segundo pilar dirigido a la implicación de toda la sociedad”, que pasa por la creación de “puntos violeta” en los espacios públicos.

La ministra se comprometió también a introducir mejoras para que “la denuncia no sea la única vía que tienen las víctimas” de cara a conseguir la protección del sistema y, aunque el decálogo de medidas carece de dotación presupuestaria, se mostró convencida de que todos los ministerios implicados dispondrán de partidas suficientes para sacarlo adelante.