Así lo expuso la vicepresidenta de la Semfyc, María Fernández, durante el acto de presentación de la campaña ‘Sanidad sin peros’ frente al Ministerio de Sanidad que llevó a cabo la Red de Denuncia y Resistencia al RDL16/2012 (Reder). El decreto que impulsó el PP y que acabó con la sanidad universal en España.

La Red de Denuncia y Resistencia al RDL16/2012 (Reder) -integrada por más de trescientas organizaciones, entre las que se encuentran Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp)- se concentró este lunes a las puertas del Ministerio de Sanidad para pedir una vez más al Gobierno que cumpla su compromiso de aprobar una nueva ley que permita recuperar la sanidad universal en España y acabar así con la exclusión sanitaria que “continúan sufriendo muchas personas migrantes en situación irregular”. Lo han hecho durante la presentación de la campaña ‘Sanidad sin peros’, en la que las entidades han realizado una pegada de carteles que recogen las promesas incumplidas del Gobierno en materia de sanidad universal.

“Hace ya tres años que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos aprobó el decreto con el que se comprometió a acabar con la exclusión sanitaria -una promesa que, además, forma parte del pacto de coalición que firmaron ambos partidos”, afirmó Eva Aguilera, portavoz de Médicos del Mundo.

“Sin embargo, esta nueva normativa solo introdujo una serie de cambios legislativos que modificaron parcialmente la situación, ya que nuestro sistema de salud sigue dejando sin cobertura a grupos de personas vulnerables como las que llegan en procesos de reagrupación familiar o quienes llevan en España menos de 90 días. La ley, además, no protege de manera especial ni a menores ni a mujeres embarazadas”, agregó.

“Prueba de ello es que, solo durante la pandemia, Médicos del Mundo ha recogido más de 1.500 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 44 mujeres embarazadas; 90 menores de edad, 78 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 46 personas reagrupadas y 674 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación”, afirmaron, apuntando que no habían sido debidamente atendidos pacientes con enfermedades tan graves como cáncer, dolencias cardiovasculares, hipertensión, VIH o salud mental.

Las organizaciones, además, incidieron en aquellas personas a las que su red social no llega, y en la especial importancia que esto adquiere en la vacuna contra el Covid-19, pues, afirmaron que, aunque “algunas comunidades habían desarrollado sus propios sistemas para vacunar a esta población, en muchas otras hacia pacientes de avanzada edad que tuvieron que esperar meses”.

“Este año y medio de pandemia ha vuelto a demostrar la importancia de una sanidad para todos”, afirmó María Fernández, vicepresidenta de la Semfyc. “En el caso de estas personas, no solo porque ha puesto en riesgo su salud individual, motivo por el que debería ser más que suficiente una actuación urgente por parte del gobierno; sino que también para la salud colectiva”, añadió. “El hecho de que estas personas no estén en las bases de datos de los sistemas de salud autonómicos, dificulta enormemente que sean incorporados en el proceso de vacunación contra el coronavirus, como hemos podido comprobar en más de 126 casos”, subrayó.

URGENCIA DE UNA NUEVA LEY

Para hacer frente cuanto antes a esta situación, las organizaciones de Reder han hecho llegar una carta al Ministerio de Sanidad en la que piden al Gobierno que tramite “de una vez por todas” y con carácter de urgencia un anteproyecto de ley que, entre otros, recoge puntos como la “eliminación de la diferenciación en el derecho a asistencia sanitaria entre la población con nacionalidad española o con permiso de residencia y la población migrante en situación irregular, del periodo mínimo de estancia en España como elemento necesario para la obtención del derecho a asistencia, y su reconocimiento en base a la intención de permanencia en territorio español, que deberá acreditarse por medios que no exijan un tiempo mínimo de estancia, el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria de las personas ascendientes que llegan a España como resultado de un proceso de reagrupación familiar” y la “no discriminacion farmacéutica, mediante la exención de copagos a colectivos vulnerables”.

Por su parte, hasta la tramitación de dicha ley, las organizaciones pidieron al Ministerio de Sanidad “que adopte las medidas temporales necesarias que garanticen el acceso a la atención necesaria a todas las personas que viven en España, Independientemente de su situación administrativa”.