El ICF aprobó avalar las finanzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 excargos de la Generalitat por haber promovido el ‘procés’ en el exterior. La decisión se tomó gracias al voto de calidad del presidente de la junta directiva de este instituto, Albert Castellanos, que fue secretario general del Departamento de la Vicepresidencia y Economía con el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Así lo indicó Carrizosa en declaraciones a los medios tras presentar la denuncia, donde lamentó que el ICF, haciendo un “absoluto desprecio” a sus funciones, haya dedicado parte del dinero de este instituto a “garantizar” el dinero que fue “sustraído” de las “arcas públicas” por varias personas.

En este sentido, criticó que el ICF tiene un dinero para cuestiones “muy determinadas”, pero, sin embargo, por votación de los miembros de la junta directa decidieron utilizar “dinero público” para avalar las responsabilidades de los “malversadores” de caudales públicos. “Esto es una absoluto ilegalidad”, afirmó.

DIRECTOR DEL ICF

A su juicio, esta situación sería un “escándalo” en cualquier país democrático, “y más escándalo todavía” cuando el presidente del ICF “se ha valido de su voto de calidad” para “inclinar” a la entidad a cometer “otro delito de malversación”.

Según Carrizosa, Castellanos “es un director de la dirección de ERC, encabezada por el señor Junqueras”. El líder de ERC, Oriol Junqueras, continuó, que es uno de los afectados, “ha nombrado a dedo” a uno de sus “súbditos” para que vote a favor de que le dé el dinero a él y al resto de imputados por malversación.

Al respecto, alertó de que los que hayan votado en contra “van a librarse de las consecuencias penales”, pero no así aquellos miembros políticos que han sido los que “han inclinado la balanza”, los miembros “puestos a dedo” por los mismos partidos que tienen a sus dirigentes “involucrados” en estos “desfalcos y malversaciones”.

Además, esta formación política también pedirá que Castellanos comparezca ante el Parlamento catalán, como ya hicieron con el consejero delegado del ICF, Víctor Guardiola, por hacer que haya “10 millones de euros que no se dediquen donde se deben dedicar”.

DENUNCIA A LA GENERALITAT

Asimismo, Ciudadanos también denunció a los miembros de la Generalitat de Cataluña porque los directivos del ICF se han basado en una normada creada “expresamente” para “perpetrar” este “delito” contra las arcas públicas y, por lo tanto, responden penalmente en calidad de “cooperadores necesarios”.

Es decir, concretó, el ICF no hubiera podido hacer esta votación, que ya “afecta a 10 millones de euros de dinero público”, si no hubiese sido por la “cobertura” que ha dado el Gobierno de Pere Aragonès para que este “nuevo delito se cometa”.

“Nosotros estamos hartos de que en Cataluña se comentan las mayores atrocidades contra el dinero de todos, que se nos robe impunemente en nuestras narices y que parezca que aquí no pasa nada”, comentó. Por ello, exigió al Gobierno central y al PSC que tomen las medidas “pertinentes” para evitar que estos hechos se sigan produciendo en Cataluña.