“Nos comprometemos con la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones. Una nueva Ley que promueva el desarrollo de las diferentes opciones de ética privada, religiosas, morales o filosóficas de todas las personas. Una norma que pivote sobre las libertades individuales y los derechos fundamentales, que garantice la libertad de culto, la neutralidad del Estado, la adecuada separación ética pública–ética privada y el pluralismo religioso y filosófico”.

Así reza el texto de ese punto de la ponencia marco coordinada por Hanna Jalloul y Lina Gálvez, al que ha tenido acceso Servimedia y que apuesta que, por unos “nuevos objetivos como una ley del siglo XXI de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones” también “, resulta coherente con nuestro Estado Constitucional de derecho revisar los acuerdos con la Santa Sede”.

Esta cuestión es una constante en los congresos del PSOE desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero, en lo que apuestan mucho por ello cuando están en la oposición pero que luego, al llegar al Ejecutivo no ejecutan.

Así, en la propia resolución del Congreso Federal que ratificó la Ejecutiva actual que preside Pedro Sánchez ya se apostaba por esta cuestión y, concretamente, decía que “la naturaleza laica del Estado se ha de traducir en una potenciación de la educación laica y en valores, que se oriente a lograr que los centros educativos sean escuelas de ciudadanía, reforzando el futuro y el valor de la democracia”.

Por lo que, continúa, “ninguna religión confesional debe formar parte del currículo y del horario escolar” y esta “condición laica del Estado requiere la derogación de normas y acuerdos constitutivos de privilegios heredados del pasado”, por lo que es “preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede”.

“En este sentido, se promoverá una Ley de Conciencia y de Libertad religiosa que asegure la no discriminación entre creyentes y no creyentes de determinadas religiones. Igualmente se deberán revisar retroactivamente los procesos irregulares de apropiación de bienes inmuebles efectuados por la Iglesia Católica (inmatriculaciones)”, reza el texto del anterior congreso federal, el de 2017.

De esta capítulo se ha cumplido una parte durante estos tres años de Gobierno socialista por cuando se ha realizado un listado de las inmatriculaciones de la iglesias entre 1998 y 2015 y que fue remitido al Congreso.