La investigación se inició cuando agentes de la Policía Nacional en Ibiza detectaron un número elevado de ciudadanos filipinos que habrían entrado en territorio nacional haciendo uso de visados falsos. Después de realizar un análisis técnico a los diferentes pasaportes, los investigadores comprobaron la falsedad de los visados y arrestaron a sus portadores. Gracias a la declaración de los detenidos se supo de la existencia de una organización criminal ubicada en Manila que fabricaba los documentos.

Posteriormente, se descubrió que una agencia de viajes de Manila gestionaba los vuelos hasta distintos destinos europeos con los visados. Por ello, los migrantes abonaban 75.000 pesos filipinos, unos 1.300 euros al cambio. En algunos casos, estos creían que los visados expedidos eran auténticos.

Dichas personas habrían burlado los controles fronterizos de la Unión Europea en diferentes países Schengen tales como España, Francia, Italia, Holanda, utilizando para ello variados itinerarios desde su origen, Filipinas.

Tras hacer escala en diversos países -Taiwán, Singapur, Malasia u Hong Kong- accedían a países europeos –Francia, Italia u Holanda- para llegar a su destino final situado en diversas ciudades españolas como Barcelona, Madrid y, principalmente, Ibiza. En muchos casos, los migrantes permanecían en los países puente varios días con el objetivo de preparar el próximo salto a otro país, simulando ser turistas.

Tras la investigación se estiman los beneficios de la organización en unos 100.000 euros. Se ha detenido a 50 ciudadanos filipinos por falsedad documental y se ha intervenido los 50 pasaportes con el visado Schengen falsificado adherido.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La investigación se ha llevado a cabo en el contexto de la operación ‘Liberterra’ de Interpol, la cual tiene por objetivo desmantelar grupos organizados que aprovechan la vulnerabilidad de personas para traficar con ellas en diversas regiones del mundo.

De esta forma, la Policía Nacional participa en la operación identificando estructuras criminales con el fin de detener y confiscar efectos procedentes del delito, además de establecer en lugares clave para detectar actividades relativas al tráfico ilícito de migrantes y otros delitos relacionados que afectan al territorio español.