Así lo defendió en un comunicado tras la aprobación, en la última reunión del Consejo de Ministros, del inicio de la tramitación de la reforma del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Trlgdcu) para “adaptarla” a los nuevos hábitos de consumo y las nuevas formas de comercio electrónico y regular comportamientos empresariales “perjudiciales” para los derechos de los consumidores que, hasta ahora, carecen de regulación específica.

En él recordó que se trata de una reivindicación que la asociación realizó al departamento de Alberto Garzón “desde el primer minuto de su creación”, si bien llamó a la “reflexión” sobre los medios necesarios para cumplir con este “ambicioso objetivo”.

“Considerábamos que el ministro Garzón asumía una cartera con dificultades por la falta de competencias sancionadoras, ya que gran parte están transferidas a las comunidades autónomas”, sentenció, al tiempo que puntualizó que, en el actual contexto, cada comunidad autónoma “toma una decisión diferente” ante la existencia de un posible fraude.

“Algunas ponen en marcha una investigación, otras se inhiben a favor del Ministerio y otras no hacen nada. Todo ello en perjuicio de los consumidores que ven cómo sus derechos se vulneran sin que haya una respuesta unificada”, lamentó.

A este respecto, la asociación valoró “especialmente” el “carácter transfronterizo” de los cambios normativos que pretende poner en marcha el Ministerio de Consumo, dado que, a su juicio, “ayudará al despliegue de acciones colectivas a nivel europeo”, algo “largamente demandado” por Asufin.

Entre los principales aspectos de la reforma normativa anunciada por Consumo, la organización consideró “urgente” en el ámbito del comercio online acometer una iniciativa legislativa que “ponga coto” al “uso inapropiado” de los motores de búsqueda y algoritmos que dispongan de datos del consumidor “sin que éste sea consciente o lo apruebe, provocando en muchos casos abusos en la unidad de mercado”.

El anteproyecto de ley recogerá un nuevo régimen sancionador competencia del Estado y la “intención” del Ministerio de Consumo es que las multas derivadas de los fraudes a consumidores sean “efectivas, proporcionadas y disuasorias”. Las sanciones máximas, que a partir de ahora también podrá imponer el Estado, subirán hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito obtenido, en el caso de infracciones cometidas únicamente en España, y hasta el 4% del volumen de facturación de las compañías, cuando estas infracciones tengan lugar en varios Estados miembro.

Entre otras cuestiones, serán sancionables por el Estado los incumplimientos o trasgresiones de los requisitos para evitar contaminaciones o conductas nocivas que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública, así como la alteración y adulteración de la composición y calidad de los bienes y servicios.

Asimismo, estarán sujetas al nuevo régimen sancionador la introducción o mantenimiento de cláusulas abusivas en los contratos, la obstaculización del derecho a poner fin a un contrato o causar baja en un servicio, los incumplimientos en el etiquetado o la facturación de productos y servicios no contratados.