A ella han concurrido un total de ocho organismos con 17 proyectos específicos, según la propuesta de resolución definitiva, tal y como precisó este viernes el departamento de Alberto Garzón en un comunicado.
Del montante total, 1.405.663,03 euros financiarán programas destinados a la información, defensa y protección de los derechos de consumidores y usuarios y, además, Consumo destina 1.575.199,44 euros a la financiación de programas de fomento de su actividad con el fin de asegurar el ejercicio de las funciones de representación institucional y defensa de los consumidores que desarrollan estas asociaciones.
Las organizaciones beneficiarias de esta convocatoria son Facua-Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) y la Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE).
Según precisó Consumo, todas, a excepción de Asufin, cuentan también con financiación para proyectos de fomento de su actividad en defensa de los consumidores y usuarios.
CONSUMIDOR VULNERABLE
La protección de consumidores vulnerables es la temática que mayor volumen de fondos recibirá del conjunto de la convocatoria pública, con un total de seis proyectos subvencionados con casi un millón de euros.
La segunda temática en orden de importancia está relacionada con el consumo y la alimentación saludable y la economía circular, que se financiará con casi medio millón de euros de la convocatoria.
Le siguen proyectos relacionados con hipotecas, ahorro y endeudamiento familiar, reclamaciones y atención al cliente, según Consumo, que subrayó que esta convocatoria de subvenciones, aprobada mediante Resolución de 11 de mayo de 2021 del ministro de Consumo, se enmarca en las obligaciones de fomento del asociacionismo en este ámbito por parte de las administraciones públicas recogidas en la Constitución.