Según informó este jueves la Comisión, se solicita aclaraciones a España dado que la directiva europea sobre trabajadores cedidos por ETT “mejora la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal al tiempo que ofrece flexibilidad a las empresas y establece el principio de igualdad de trato de los trabajadores cedidos en las empresas usuarias a partir de su primer día de destino”.

Pone como ejemplo que los trabajadores cedidos por ETT deben tener las mismas condiciones salariales y de tiempo de trabajo que los demás trabajadores de la empresa usuaria y solo se permite imponer restricciones o prohibiciones si están justificadas por razones de interés general.

La Comisión explicó que en el sector público de Extremadura y en una serie de entidades públicas de Andalucía existen prohibiciones y restricciones que afectan, por ejemplo, a las empresas públicas extremeñas en las que la administración tiene una participación mayoritaria y, en el caso de Andalucía, a dos escuelas de hostelería y a entidades públicas activas en el sector del turismo y el deporte. En estos casos, está prohibido o restringido recurrir a trabajadores de empresas de trabajo temporal.

España dispone ahora de dos meses para demostrar que estas prohibiciones y restricciones están justificadas por razones de interés general. “En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría decidir enviar un dictamen motivado”, informó el organismo.