Blesa aspiraba el pasado mes de abril a la única plaza reservada a personas con discapacidad dentro de esa oposición, pero se le comunicó que debía hacer la prueba sin sus audífonos, a pesar de que la administración valenciana tuviese acreditada su pérdida de audición.

Según le transmitió el Departamento de Selección de la Dirección General de Función Pública de la Generalitat Valenciana, no le permitían realizar la prueba por el uso de sus audífonos, una prótesis que necesita en su vida diaria; al tiempo que le ofrecieron la posibilidad de presentar un informe médico que indicara que “quitarse las prótesis le generaba ansiedad”, ya que, según argumentaron, el conflicto se generaba por si a través de los audífonos se le podían dictar las respuestas.

Tras este suceso, Lucía Blesa acudió en un primer lugar a la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas), al Cermi Comunidad Valenciana y al Cermi Estatal para buscar apoyo, entidades que remitieron un escrito a la Oficina de Atención a la Discapacidad por la supuesta discriminación en este proceso selectivo y al amparo del texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público que establece que las administraciones públicas realizarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios.

Así, esta entidad informó al Cermi que, en el caso de las personas con discapacidad que necesitan una prótesis auditiva, con carácter general, es suficiente que presenten cualquier documento oficial que justifique (informe médico, dictamen técnico facultativo) la necesidad de utilizar las prótesis para realizar el examen, de tal forma que se cumpliría la normativa.

Después de todo este proceso, que, según Lucía Blesa, se resolvió de una manera “muy rápida y eficaz”, esta mujer sorda, que actualmente está trabajando como analista de Sistemas, un puesto que ya ocupaba con anterioridad, pero de manera interina, ahora se encuentra en la segunda fase de la oposición (el concurso), en la que se efectúa el baremo de sus estudios, formación y experiencia.

Para ella, después de haber sufrido “un trato vejatorio” y de haberse sentido “incomprendida y sola”, el apoyo del movimiento asociativo Cermi y de Fiapas fue “fundamental”, sobre todo, a la hora de “abrir un camino” y que “no vuelva a suceder”.