El plan, que ya ha sido visado por la Comisión Europea y está a expensas solo del Ecofin, compromete proyectos, más de 200 reformas y grandes planes de inversiones inversiones por casi 70.000 millones en subvenciones de los 140.000 millones a los que puede aspirar España del megafondo NextGeneration UE.

Con el visado final del Ecofin se desbloqueará un primer pago de 9.000 millones en prefinanciación y a partir de ahí se producirán pagos semestrales, en función del cumplimiento por parte de los Estados de los hitos contenidos en su plan de recuperación nacional.

En el caso de España, la previsión es que lleguen otros 10.000 millones en la segunda parte del año, elevando así la cifra final a recibir a lo largo de este año a 19.036,6 millones. Luego habrá otros dos desembolsos cada año por valor de 18.000 millones de euros en 2022 y 17.000 millones 2023, de forma que el 80% de las transferencias se encuentran previstas para ese trienio. Quedarían para los ejercicios 2024 otros 8.000 millones, casi 3.476 millones para el 2025 y 4.00 millones adicionales en el 2026.

La intención declarada por el Gobierno es avanzar en paralelo otros proyectos para optar a los casi 70.000 millones restantes previstos para España, aunque ya en forma de créditos con cargo al fondo europeo y no transferencias. Los fondos podrán recibirse hasta el año 2026.

El Gobierno espera que las inversiones y reformas comprometidas en dicha hoja de ruta o Plan de Recuperación añadan entre dos y tres puntos adicionales al PIB en el trienio 2021-23, y permitan generar 800.000 empleos hasta el 2023. Su previsión es que el próximo año la economía recupere el nivel del PIB que tenía antes de estallar la crisis de la pandemia y en 2023 se haya restablecido el ritmo de expansión preCovid de la economía, elevando el crecimiento potencial a medio plazo por encima del 2%.

Entre las inversiones “más maduras” para su inmediata puesta en marcha y que deberían ayudar a fomentar ese crecimiento económico y creación de empleo figuran inversiones en infraestructuras, como las que tienen que ver con el cierre de los corredores ferroviarios del Mediterráneo y Atlántico, programas en el ámbito medioambiental como proyectos de saneamientos de agua o tratamiento de residuos.

Para el pago de 10.000 millones con cargo al pago semestral que se espera para la segunda parte del año el Gobierno referirá eventos ya cumplidos e incluidos en el Plan, como la hoja de ruta del hidrógeno renovable, la Agenda España Digital 2025, el Ingreso Mínimo Vital, la regulación del teletrabajo, la Ley Orgánica de Educación o la Ley de Cambio Climático.

CALENDARIOS DE HITOS

El Ejecutivo ha calendarizado todos los eventos, de reformas e inversiones, incluídos en el Plan para que la UE pueda ir desbloqueando los nuevos pagos a medida que se produce su cumplimiento. En la segunda parte del año y ya pensando con el desembolso que correspondería al pago del primer semestre del 2021 figuran actuaciones como establecer un nuevo mecanismo permanente de flexibilidad interna para las empresas, la adopción de las políticas públicas del mercado de trabajo, la regulación de los riders, la simplificación de los contratos, mejorar el marco legal de la subcontratación o readaptar los ERTE.

También prevé completar la hoja de ruta de la energía eólica marina, la Estrategia Nacional de autoconsumo, la estrategia de movilidad sostenible, o la legislación para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Entre los proyectos comprometidos para el pago en el 2022 se encuentran a su vez hitos como a Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Comunicación Audiovisual, la Ley Concursal, las medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude fiscal o el nuevo régimen de cotización de los trabajadores autónomos.

Para el pago del segundo semestre de ese mismo ejercicio ya cuenta con que se haya aprobado la ley de Vivienda, la Ley de Refuerzo de la Evaluación de las Políticas Públicas, la modernización de las administraciones públicas, la Ley de eficiencia procesal o Pertes como el del vehículo eléctrico.

Las reformas e inversiones incluidas en el Plan buscan el objetivo final de modernizar la economía, hacerla las sostenible y robusta, capaz de crear empleos de calidad y que sea más inclusiva. Del paquete comprometido en el Plan de Recuperación un 37% de los fondos o 25.000 millones irán a proyectos de transición ecológica y el 33% para digitalización, con unos 23.700 millones.