Se ha incautado una tonelada de hachís en El Puerto de Santamaría y se ha detenido a 23 personas acusadas de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Según informó este sábado la Policía, los investigadores comenzaron sus pesquisas al detectar una serie de embarcaciones recreativas sospechosas en El Puerto Deportivo de Rota.

Los agentes consiguieron identificar a las personas que estaban detrás de estas embarcaciones, llegando hasta una organización criminal especializada en la introducción de grandes cantidades de hachís por aguas del estrecho de Gibraltar. Se pudo determinar la presencia de dos estructuras criminales diferentes que colaboraban activamente en la comisión del ilícito penal.

La primera estructura, radicada en La Línea de la Concepción, se encargaba de negociar directamente con los proveedores de la sustancia estupefaciente en Marruecos, para lo cual desplegaban un gran número de embarcaciones neumáticas de alta velocidad bajo su control y llevaban a cabo la carga del estupefaciente y su traslado hasta la zona de la bahía de Cádiz. La segunda estructura, con base en la misma bahía, desplegaba una serie de embarcaciones recreativas que llevaba a cabo la descarga del hachís por aguas del Río Guadalete. De este modo, los investigadores han podido determinar nuevamente que las organizaciones naturales del Campo de Gibraltar estaban actuando fuera de su ámbito normal, puesto que necesitaban la colaboración de otras organizaciones locales que controlan y conocen su zona de influencia.

La estructura tenía su centro de operaciones en la Sierra de San Cristóbal de El Puerto de Santa María, aprovechando el enclave para el control de las entradas del estupefaciente por el río, y el narco-embarcadero del Poblado de Doña Blanca para la descarga del hachís hasta su total desmantelamiento. Así, utilizaban su amplio conocimiento de la especial orografía del cauce del mismo río para acometer las descargas aprovechando la bajada de la marea. Cuando se averiguó su “modus operandi”, se pudo ir determinando el rol de los integrantes de la organización y se descubrió que, al menos, estaban usando seis embarcaciones recreativas diferentes para la entrada del estupefaciente.

FARDOS DE UNA EMBARCACIÓN A OTRA

Un dispositivo conjunto de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco Plan de Seguridad de la Secretaría de Estado para el Campo de Gibraltar, pudo comprobar la presencia de una embarcación semirrígida de gran tamaño y potencia cargada con numerosos fardos de hachís frente a la bahía de Cádiz.

De esta forma, se observó cómo zarpaban de la zona de influencia de la bahía de Cádiz dos embarcaciones recreativas hasta tomar contacto con la neumática, donde se efectuó el trasbordo de numerosos fardos a las recreativas. En ese momento, se pudo interceptar una de las recreativas cuando se disponía a introducir por el cauce del río Guadalete una tonelada de hachís. Con la colaboración del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, se interceptó la segunda embarcación, cuyos tripulantes habían arrojado la sustancia estupefaciente por la borda sin llegar a recuperarse. En dicha actuación fueron detenidas cinco personas.

Finalmente, el pasado 22 de junio, los investigadores llevaron a cabo la fase de explotación en la que se solicitó al Juzgado diez entradas y registros en las localidades de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Barbate y La Línea de la Concepción. En consecuencia, los agentes detuvieron a 20 personas y desmantelaron el centro de operaciones de la organización criminal, situado en la Sierra de San Cristóbal. Se intervinieron 20 equipos de trasmisiones vía radio, dos estaciones de carga, un amplificador de señal vía radio para larga distancia, numerosos teléfonos desechables y tarjetas prepago, teléfonos satelitales para las comunicaciones a larga distancia con las embarcaciones nodriza, un dron de vigilancia de altas prestaciones para vigilar el cauce del río durante la entradas del estupefaciente, detectores de señales GPS, inhibidores de frecuencias y dispositivos electrónicos de seguimiento por GPS.

Tras nueve meses de investigación, la organización criminal se da por desarticulada, habiendo sido detenidos los líderes, los subalternos, los encargados de seguridad y logística e, incluso, aquellos empleados para labores de seguridad estática y dinámica. De los 23 detenidos que pasaron a disposición judicial, se decretó prisión preventiva para trece de ellos.