En un comunicado conjunto con la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), ambas patronales indicaron que la propuesta de Trabajo “está poniendo en juego en último extremo la recepción ágil de los fondos europeos que el país necesita para la reconstrucción tras la pandemia”, por lo que, durante la reunión del diálogo social con Gobierno y sindicatos, la patronal trasladó “la necesidad, para poder seguir negociando, de contar con un planteamiento nuevo por parte del Gobierno, alineado con las necesidades de las empresas y de las personas trabajadoras y de acuerdo con las recomendaciones de país de Bruselas”.

Para CEOE “en estos momentos, el texto parece responder a una motivación ideológica sin fundamentos económicos; no tiene en cuenta la realidad del tejido empresarial y de las personas trabajadoras, y, por ello, aboca inevitablemente al desencuentro”.

Asimismo, considera la propuesta “regresiva e intervencionista, restando capacidad a la negociación colectiva”, y critican que parte “de la desconfianza y la sospecha hacia la empresa, arrojando a la opinión pública dogmas confusos como la asimilación de temporalidad y precariedad”.

Respecto a la temporalidad, la patronal señaló que “es un elemento intrínseco a muchas actividades de carácter estacional, con lo que reducirla a un fenómeno residual perjudica la empleabilidad de muchas personas, en especial de las que carecen de cualificación y los jóvenes, en un momento en el que su tasa de paro ronda el 40%, e incluso supera el 50% en muchos territorios”.

Por otro lado, las dos organizaciones empresariales sí aseguraron que “compartimos la necesidad de actuar contra la temporalidad irregular y no causal”, por lo que abogan por añadir “a las herramientas ya existentes”, otras que pongan límite a dicha situación, previa elaboración de un diagnóstico compartido en el diálogo social.

Por ello, consideran que “urge un texto promovido por el Gobierno, más adecuado al requerimiento de Europa y a la realidad del tejido empresarial y de las personas trabajadoras, que no entorpezca la recuperación económica”.

Por el contrario, advierte que “si el Gobierno persevera en esta dirección, será sin el apoyo de las organizaciones empresariales”, al criticar que las propuestas del Gobierno “restan capacidad de adaptación de las empresas en la entrada al mercado laboral; la permanencia, con soluciones intervencionistas insólitas en el siglo XXI por ajenas a la participación activa de los trabajadores y el uso excesivo del reglamento en vez de la negociación colectiva, lo que inevitablemente recuerda las antiguas ordenanzas laborales, un despliegue más propio de contextos afortunadamente ya superados en toda Europa”.

Igualmente, se alteran las reglas de salida, en un ejercicio de cinismo, que debilita la capacidad de adaptación del sector privado frente a las soluciones otorgadas al sector público. Solo si España recupera, o incluso supera, los niveles de actividad previos a la crisis, afrontando al mismo tiempo la modernización del modelo productivo y la recualificación de las personas trabajadoras de la mano de los fondos europeos, podemos lograr el objetivo compartido de creación sostenida de empleo, de calidad y con las mejores condiciones.