No obstante, Calvo afirmó que siguen “estudiando” la constitucionalidad de esta medida aprobada por el Ejecutivo que lidera Pere Aragonès porque “el Gobierno no va a pasar por alto nada” que vaya contra la legalidad. “No negociamos nada que sea ilegal”, aseveró y pidió quede claro a todo el mundo".

De hecho, en un encuentro informativo organizado por Europa Press, indicó que, de recurrir, sería con un recurso ante el Tribunal Constitucional pero están analizando el texto porque “el Gobierno la legalidad no la negocia” pero tampoco “recurrimos cosas en el minuto en el que sale un teletipo” porque, remarcó, este “Gobierno es serio”.

La ‘número dos’ del Gobierno remarcó que el Ministerio de Política Territorial, competente en esta cuestión, “está analizando” el decreto ley aprobado por la Generalitat para ver “aquellos elementos que puedan ser inaceptables en su inconstitucionalidad o ilegalidad”.

En este línea, Calvo apuntó que hay cuestiones que les chirrían en el Ejecutivo de esa norma catalana porque dice que no hay sentencia firme hasta que haya recursos porque, apuntó, “este país su vía judicial la cierra aquí”.

Explicó que desde su departamento están han estado viendo "la parte de ese texto que dice que la sentencia no es firme hasta que no se pueda recurrir en instancias extraterritoriales de nuestro país"; por cuanto "en este país, su vía judicial la cierra aquí". "Así de claro y contundente", remachó.