“El Estado social y democrático de Derecho es, sin duda, la forma política más adecuada que la civilización ha conseguido, frente al autoritarismo y la arbitrariedad, para organizar pacíficamente la convivencia entre los ciudadanos y entre los países, y para establecer los equilibrios, las reglas previsibles y estables entre los ciudadanos y sus representantes, y entre las instituciones. Es el camino que, en democracia y libertad, más nos ha permitido avanzar y mejorar. De ahí su valor, tanto en el plano nacional como en el internacional”, subrayó Felipe VI en su alocución.

También recordó que “para que la Constitución y las leyes sean obedecidas y desplieguen su eficacia es preciso que haya jueces que así lo aseguren. Por ello, además de los controles políticos, electorales y parlamentarios, y del mismo control social por los propios ciudadanos, controles que son consustanciales al Estado democrático, ha de existir el control jurisdiccional que exige un Estado de Derecho”.

Señaló Felipe VI el artículo 1 de la Carta Magna española: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. Tres dimensiones esenciales para nuestra convivencia en la definición constitucional de nuestra nación que la sitúa a la vanguardia de los sistemas democráticos contemporáneos: como Estado social, porque se fundamenta en la igualdad de las personas, promoviendo las condiciones para que ésta sea real y efectiva; como Estado democrático, porque se basa en la soberanía nacional del pueblo español y en el reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos; y, como Estado de Derecho, porque es la garantía de que los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del Ordenamiento jurídico".

Ruth Bader Ginsburg, la jueza a la que la WJA ha tributado el homenaje tras 27 años de servicio al Estado de Derecho y a los valores de libertad e igualdad, fue, aseveró el Rey, una firme defensora “de la Constitución como norma suprema”, una jueza que siempre tuvo la convicción de que “la Constitución también desempeña una función política fundamental: ser un verdadero instrumento de integración social, un marco inclusivo en el que la sociedad se refleje, en el que el pluralismo político se garantice, y en el que la esperanza en un futuro mejor se preserve”.

“Creo, como ella, que solo atendiendo a esos dos significados fundamentales -jurídico y político- de la Constitución, pueden conseguirse los fines últimos que ésta persigue: la convivencia ciudadana en paz, justicia, igualdad y libertad, y donde los Derechos Humanos sean respetados con la máxima dignidad y eficacia”, concluyó el Rey.