Así lo manifestó la vicepresidenta ejecutiva de FCM, Ana Peláez, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con motivo del Día Anual de Debate General sobre los Derechos de la Mujer, que ha dedicado un panel a la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad.

Durante su comparecencia, enumeró las obligaciones por parte de los Estados “que no se están cumpliendo”, tales como su protección, “tanto en el hogar como fuera de él”, en la legislación y políticas; asegurar que todos los servicios especializados de violencia de género y contra la mujer “sean inclusivos y accesibles”; formar a todo el personal de dichos servicios y centros en relación con la discapacidad; proporcionar información y comunicación sobre cómo prevenir, reconocer y denunciar los casos de violencia; o supervisar todos los servicios, programas e instituciones donde se atiende o residen las mujeres y niñas con discapacidad.

También habló de asegurar la recuperación, la rehabilitación y la reintegración de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia; garantizar que todos los casos de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados; incorporar la variable de discapacidad en los datos y estadísticas oficiales de violencia de género y violencia contra la mujer, y desarrollar estudios específicos sobre la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad.

Según datos de la ONU, “una de cada cinco mujeres vive con una discapacidad” y, de hecho, la prevalencia de la discapacidad “es mayor” entre mujeres que hombres (un 19,2% frente al 12%). Así, Peláez declaró que, entre los factores que contribuyen a ello, se incluyen un menor estatus económico y social de las mujeres y niñas, la violencia de género y las prácticas nocivas y discriminatorias por motivo de género.

“Una violencia de la que, pese a su gravedad, apenas se sabe nada ni se toma ninguna medida para combatirla”, denunció.