El Sistema Arbitral de Consumo, que se compone de una Junta Nacional y 71 juntas de arbitraje, es un servicio público universal y gratuito a disposición de los consumidores y permite resolver conflictos entre clientes y empresas sin recurrir a la vía judicial, de manera “ágil, rápida, con efectos vinculantes y de obligado cumplimiento”, según puntualizó el Ministerio de Consumo en un comunicado.

Para el funcionamiento y modernización de este sistema arbitral, el gabinete de Alberto Garzón destinará este año 1,3 millones de euros provenientes de fondos europeos y la inversión permitirá modernizar las juntas arbitrales, mejorar sus servicios ‘online’ y la interconexión de todo el sistema, según recordó el ministro, convencido de la necesidad de “acercar a la ciudadanía su derecho a una defensa accesible y gratuita”.

En el acto de firma celebrado en el Ayuntamiento de Málaga, además del ministro, participaron también el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre; el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre; y la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Málaga, Natacha Rivas.

El Sistema Arbitral de Consumo es una red institucional que evita que los conflictos entre consumidores y empresas se sustancien ante los tribunales de justicia. Por ello, mantiene las mismas garantías y principios de audiencia, contradicción, igualdad entre las partes y gratuidad que un procedimiento judicial.

Además, es necesario que los árbitros únicos o el colegio arbitral tengan un conocimiento pleno del conflicto, en particular a través de las audiencias en las que participan las partes, los árbitros y las propias juntas arbitrales.

El número de solicitudes de arbitraje que tramitan es “cada vez mayor” según Consumo, que subrayó que solamente entre los años 2019 y 2020 recibieron cerca de 120.000 solicitudes.

Para el departamento de Alberto Garzón, el crecimiento del arbitraje está relacionado con una “mayor conflictividad” en las relaciones de consumo, pero también con un mayor conocimiento de los mecanismos de protección que tienen los consumidores.