La Mesa de la Diputación Permanente rechazó hoy por tres votos contra dos la posibilidad de que Blanco comparezca ante el Congreso para dar explicaciones de su supuesta vinculación con el "caso Campeón".

Además, tampoco se han admitido a trámite las solicitudes cursada por IU y el Grupo Mixto para que comparezcan la vicepresidenta económica, Elena Salgado, sobre las indemnizaciones millonarias de exresponsables de cajas intervenidas, y la titular de Defensa, Carme Chacón, por la instalación en Rota del escudo antimisiles de la OTAN.

Cunillera dijo en rueda de prensa que la Mesa ha tratado de "cumplir estrictamente" lo que establece el Reglamento en esta materia.

La vicepresidenta primera insistió en que el Grupo Popular sabía "perfectamente que no tenía posibilidad" alguna de que su petición fuera admitida a trámite, porque a lo largo de los últimos 25 años se han denegado todas las peticiones similares hechas en período de disolución de las Cámaras.

El objetivo de la Mesa en todos esos casos en mantener la actividad institucional del Parlamento, "resistir las tentaciones" de dar satifacción a "intereses electorales o partidistas" y evitar influir en el proceso electoral.

Existe un único precedente de comparecencia de un miembro del Gobierno ante el Congreso con las Cámaras disueltas. Se produjo en 1982, a petición del ministro de Defensa, para informar de la detención de varios mandos militares relacionados con el golpe de Estado del 23-F.

Según explicó Javier Barrero (PSOE), esta fue una situación francamente "excepcional" que no se ha vuelto a reproducir en casi tres décadas.

De hecho, adujeron los dos miembros de la Mesa, resultaron rechazadas por la Mesa peticiones de comparecencia sobre la intervención de España en la guerra de Iraq, en el año 2000, y sobre los atentados terroristas del 11 de marzo, precisamente para no influir en los procesos electorales en marcha en esos momentos y bajo presidencia del PP.

Según dijo Cunillera, en ambos casos las peticiones "se rechazaron correctamente" para "preservar a la Mesa" de la "influencia de legítimas intenciones partidistas o electorales de los partidos".

Con presidencias del PP, señaló Cunillera, se han denegado "muchas, infinidad de peticiones de comparecencia, y si era válido entonces, hoy también lo debe ser".

A su entender, ajustarse al Reglamento "evita dar bandazos" al máximo órgano de dirección del Congreso y da "seguridad jurídica" a todos los grupos parlamentarios.

Sobre si considera aconsejable que sea el propio Blanco el que pida dar explicaciones en la Cámara Baja, Cunillera no se pronunció, precisamente, para no incurrir en el error de hacer "partidismo".

Barrero, por su parte, insistió en que admitir a trámite las peticiones sería tanto como "enturbiar el proceso electoral" y poner en riesgo la "delicadeza democrática" que es exigible en los momentos previos a las elecciones.