Su protección no constituye una obligación legal, aunque sí está recomendada en el ámbito del Derecho internacional, tiene marco legal a escala europea, y el plan del Ejecutivo es consolidar la iniciativa.

Un periodista, un estudiante y una autoridad indígena, todos de nacionalidad colombiana, han sido los primeros en acogerse a un programa destinado a proteger a personas vinculadas a organizaciones sociales de base que, por su actividad en defensa de los derechos humanos, padecen una persecución grave en una zona concreta de su país de origen.

Según informa el Gobierno vasco, la salida temporal reduce el nivel de amenaza e incluso puede servir para anularla y hacer factible el regreso a su zona de origen o a otro lugar del país.

La iniciativa del Gobierno, ejecutada por CEAR-Euskadi (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), no tiene en consideración los casos de asilo, pues precisan otro tipo de protección permanente, y la previsión es acoger a seis personas cada año.

Se prevé una acogida de seis meses en Bilbao, en un piso cedido por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, y la cobertura de gastos de alquiler, suministros, mobiliario y utensilios, así como ayudas para manutención, medicamentos y transporte.

La Dirección de Derechos Humanos ha contado en esta primera experiencia con la colaboración de la plataforma Kolektiba Colombia, pero la intención es abrir a otros países la posibilidad de presentar candidaturas de personas en situación de riesgo por el desarrollo de su actividad. Cada año se publicará un libro con el testimonio de estos defensores y defensoras.

En esta ocasión, en el comité de selección han estado representadas, entre otras instituciones, Gobierno Vasco, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Hegoa (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional), Fundación Social Ignacio Ellacuría y Coordinadora de ONGD.

Los refugiados son Adolfo Conejo (26 años), periodista indígena; Eduardo Castro (22 años), líder estudiantil de la Universidad de Sucre, y Antonio Guachetá (45 años), autoridad indígena tradicional y miembro del Consejo de Mayores exgobernadores del Resguardo Indígena de Honduras.