El partido de Inés Arrimadas hace alusión a las palabras del ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que dijo que las causas abiertas en este tribunal contra los condenados separatistas “no dejan de ser piedras en este camino”, una expresión “idéntica” a la empleada también por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Ante estas declaraciones, Ciudadanos muestra su “absoluto rechazo” por lo “insólito” que resulta que miembros del Ejecutivo hagan declaraciones con las que ponen “en tela de juicio” y “cuestionan gravemente” las funciones propias de un órgano constitucional como es el Tribunal de Cuentas.

A su juicio, estas declaraciones “vulneran” la independencia que se les atribuye a los miembros del Tribunal de Cuentas, pero lo que les parece “más grave” todavía es que esas manifestaciones no obedezcan realmente a una voluntad “ciertamente reformista” de este tribunal, sino a una “maniobra del Gobierno para atacar y debilitar la independencia de la institución y de sus miembros”.

Por ello, Ciudadanos pregunta al Gobierno si comparte estas declaraciones y si, en caso contrario, tiene previsto rectificarlas para reparar el “daño infligido” al prestigio de las instituciones, y si estas declaraciones se deben a una “contraprestación” a los partidos separatistas, cuyos lideres han sido condenados por malversación y sedición.

También quiere saber si es consciente el Ejecutivo del perjuicio que se causa a instituciones del Estado con manifestaciones de sus miembros que “ponen en cuestión su función e independencia”, así como si va a comprometerse a no “presionar, coaccionar ni sembrar dudas” sobre la labor de los servidores públicos del Tribunal de Cuentas.

En este sentido, pregunta al Gobierno si puede asegurar que no va a someter la actuación de los profesionales a directrices o instrucciones del Ejecutivo, dictadas en última instancia por las formaciones separatistas que le dan apoyo parlamentario.

Para acabar, Ciudadanos pregunta si cree que las declaraciones de Ábalos y Montero “menoscaban” la credibilidad de las instituciones europeas que “velan por la calidad de los sistemas democráticos” en los Estados miembro y con ello, la independencia del poder judicial, en concreto, del Tribunal de Cuentas.