Cataluña
El Gobierno “respeta” las fianzas del Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas pero les recuerda que pueden recurrir
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El Gobierno de Pedro Sánchez manifestó este martes su “respeto a las resoluciones” del Tribunal de Cuentas, que ha fijado fianzas por valor de más de 5 millones de euros para más de cuarenta dirigentes independentistas por sus responsabilidades en el desafío secesionista de otoño de 2017, por el que varios de ellos fueron condenados en el Tribunal Supremo y a los que el Ejecutivo indultó hace justo una semana.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado esta mañana en el Palacio de la Moncloa, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, expresó en varias ocasiones el “respeto” del gabinete que preside Pedro Sánchez a la actuación del Tribunal de Cuentas, que ha sido fuertemente criticada por los políticos separatistas y sobre la que desde dentro del propio Ejecutivo se ha sugerido que debería anularse.
Montero recordó que el Tribunal de Cuentas “no es un órgano judicial” sino un “órgano constitucional” al que hay que respetar en sus “instrucciones” e “investigaciones”. “El Gobierno no se pronuncia sobre instrucciones o investigaciones del Tribunal de Cuentas. Luego pueden ser impugnadas en la vía judicial por aquellas personas que entiendan que no se han respetado o se están conculcando sus derechos”, dijo.
La ministra aprovechó la cuestión para arremeter contra el líder del PP, Pablo Casado, por haber manifestado en los últimos días que, si el Gobierno pretende presionar al Tribunal de Cuentas para frenar sus actuaciones contra los líderes independentistas, el principal partido de la oposición no colaborará para su renovación al entender que eso facilitaría que actuara al dictado de los intereses políticos de Pedro Sánchez.
Montero criticó que “no es de recibo” que el PP insista en su “actitud tremendamente antidemocrática” y no quiera “cumplir con el mandato constitucional” de renovar los órganos del Estado. Acusó a Casado de “poner obstáculos y boicotear la renovación de los órganos constitucionales con el único interés y motivación de que cree que tiene una mejor mayoría si no procede a su renovación”.
(SERVIMEDIA)
29 Jun 2021
PAI/gja