La negociación de la ‘ley trans’ llevaba estancada desde hace varios meses como consecuencia de las diferencias entre los socios del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) en lo concerniente a la autodeterminación de género. Este concepto supone que es suficiente con la voluntad de una persona para cambiar el nombre y el sexo en el DNI, sin necesidad de presentar informes médicos ni años de hormonación, como se exige actualmente.

No obstante, se incluye un plazo administrativo de tres meses desde que se solicita el cambio para que la persona afectada ratifique su decisión, algo que ha convencido a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que siempre ha sido renuente a la norma, para la que exigía “seguridad jurídica”.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado que se ha acordado “una doble comparecencia que asegura que las personas trans sean quienes dicen quienes son ante la administración en un sistema de doble comparecencia”. Finalmente, podrán solicitar el cambio de sexo y nombre en el Registro Civil los mayores de edad y los menores a partir de 14 años.

La autodeterminación de género ha sido una línea roja para el Ministerio de Igualdad y para los colectivos Lgtbi que han sido consultados para la redacción de esta ley, y ha causado la oposición de parte del movimiento feminista y de históricas luchadoras feministas del PSOE que consideran que este concepto supone “un retroceso en la protección” de los derechos de las mujeres.

De hecho, parte del movimiento feminista ha protestado en diversas ciudades españolas contra la ley exigiendo la dimisión de la propia Irene Montero.

Otras de las novedades que incluye el texto son la prohibición de las terapias de conversión, la filiación de los hijos de las mujeres lesbianas o el régimen de infracciones por discriminación al colectivo Lgtbi.

El texto se ha desbloqueado tras reuniones intensas entre los socios del Gobierno, en las que han participado Irene Montero y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y encuentros con los miembros de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (Felgtb), la asociación Chrysallis de familias con menores trans y la Fundación Triángulo.

DISPUTAS COALICIÓN

El encono entre el PSOE y Podemos llevó a que el Congreso de los Diputados rechazara el pasado 18 de mayo la toma en consideración de la ‘ley trans’ impulsada por ERC y el Grupo Plural gracias a la abstención de los socialistas.

Ese mismo día, la propia Irene Montero proclamó su “más firme compromiso con que la libre determinación de género sea una realidad para las personas trans en esta legislatura”.

También pidió perdón porque, dijo, este debate debería haberlo traído al Congreso el Gobierno y porque las personas trans llevan demasiado tiempo “viendo sus vidas cuestionadas”, lo que le dio pie a manifestar que España tiene una deuda “con ellos, con ellas, con elles”.

Por ello, mostró su confianza en que se alcanzara de cara a la celebración del Orgullo el consenso necesario para sacar adelante el texto, algo que finalmente ha ocurrido.

La postura de los socialistas provocó que más de 70 organizaciones Lgtbi pidieran a los organizadores del Orgullo que el PSOE no fuera invitado este año a esta conmemoración, en la que la reivindicación de los derechos de las personas transexuales tiene un lugar destacado.

“UN PAÍS MEJOR”

Irene Montero ha subrayado que hoy será un “día histórico” para España, que va a ser “un país mejor, más libre”, que dará un “paso de gigante” mandando un “mensaje tan importante a tantas personas que a lo largo de su vida han podido sentir que están solos”.

La ministra ha dejado claro que el Orgullo es “de todos, de todas y de todes”, una conmemoración que este año será “más Orgullo que nunca, porque saldamos una deuda” con las personas transexuales.

Ha explicado que la norma provocará que las personas trans “no sean consideradas enfermas”, al tiempo que obliga a las Administraciones Públicas a reconocerles “el derecho a ser sin miedo, sin culpa y sin un informe médico”.

También ha comentado que la ley no sólo reconoce la “existencia” de este colectivo, sino sus “derechos materiales”, como el de alquilar un piso sin temor a que el hecho de “ir de la mano con sus parejas les impida firmar el contrato”; a ir al médico “sin ser llamado por un nombre que no es el suyo”; a que los niños en el colegio no sufran “miedo, ansiedad y depresión” por ser tratados con una identidad que no es la suya.

Irene Montero no ha rehuido la polémica que la ‘ley trans’ ha generado en ciertos sectores del feminismo. Lo ha hecho propugnando que el texto también es responsabilidad de “las mujeres feministas”, que “saben que lo que no se nombra no existe”.

A su juicio, “en todas las leyes nos hemos encontrado con procesos de debate y movilizaciones y, al cabo de los años, la realidad se ha impuesto”. Por ello, ha augurado que con la ‘ley trans’ pasará lo mismo que con la del matrimonio igualitario, y “dentro de unos años nadie se reconocerá” rechazándola.