Así lo recoge en su último informe sobre ‘Prisión y drogas en Europa: desafíos actuales y futuros’, publicado coincidiendo con la conmemoración, este sábado, del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.

En este estudio se analiza en profundidad la epidemiología del uso de sustancias y los daños relacionados con las drogas en el entorno penitenciario, las respuestas de los servicios sanitarios y sociales y el suministro de medicamentos a las personas con adicciones privadas de libertad.

Basado en datos de 30 países, el informe pone como ejemplo a España por su modelo de intervención para la reducción de daños en reclusos con enfermedades infecciosas. Se subraya que los programas en prisión incluyen un conjunto de intervenciones que van desde las pruebas, la vacunación y el tratamiento de enfermedades infecciosas a programas de intercambio de jeringas y el suministro de condones, entre otras acciones.

Por lo que se refiere al programa de reparto de jeringas, distribución de condones y realización de tatuajes seguros, el estudio señala que, desde 1997, casi un centenar de cárceles regulan el intercambio de agujas y jeringas para personas que se inyectan drogas a través de un kit que incluye una aguja y una jeringa, una toallita desinfectante, agua destilada y condones.

Respecto a las intervenciones de prevención de sobredosis, recuerda que en 2014 entró en vigor un plan de acción que comprende medidas contra la introducción y el tráfico de sustancias en prisión, acciones para reducir la oferta y propuestas dirigidas a la población penitenciaria.

En este sentido, valora que el programa español de prevención de sobredosis prevé acciones específicas cuando se produce un episodio de este tipo, incluida la garantía de la recuperación completa de la persona y su posterior seguimiento e incorporación a un programa de atención a las drogodependencias.

EVALUACIÓN AL INGRESO

En cuanto al protocolo de evaluación al ingreso en prisión, señala que en España todas las personas encarceladas son examinadas al ingresar por un médico y una enfermera, que determinan también su riesgo de suicidio y su historial de uso de drogas así como el uso actual teniendo en cuenta las sustancias consumidas, la frecuencia y la vía de administración o la presencia de síntomas de abstinencia.

Junto a ello, el informe destaca que en el caso de España también se evalúa la existencia de posibles conductas de riesgo o de enfermedades transmisibles y, a raíz de los resultados, se determina el tratamiento apropiado y se asigna a la persona a programas que abordan sus necesidades de salud, tanto mental, como física.
Tras puntualizar que solo en un tercio de los países europeos se presta apoyo a las personas que consumen drogas e información sobre opciones de tratamiento disponibles, el informe lamenta la existencia aún de “muchos obstáculos” para implementar intervenciones en la prisión, incluido el hacinamiento, la escasez de personal y la falta de recursos, a pesar de que las actuaciones en este entorno pueden tener, según el observatorio, “un impacto significativo sobre salud pública”.

PERFIL

El uso de nuevas sustancias psicoactivas en prisión representa un “desafío creciente” en los últimos años, en particular el uso de cannabinoides sintéticos, según el estudio, que defiende que las personas en prisión son “más propensas” a haber consumido drogas, a consumir sustancias con regularidad o a experimentar problemas relacionados con ellas.

También tienen tasas más altas de infección por VIH, hepatitis B, hepatitis C y tuberculosis y para quienes se inyectan opioides el riesgo de morir por una sobredosis aumenta “notablemente” en el período inicial después de la liberación según el informe, que calcula que el tratamiento de sustitución de opiáceos está disponible en las cárceles en 29 de los 30 países pero, en la mayoría, la cobertura en este entorno es baja.

Las personas en prisión tienen una salud física y mental y un bienestar social “más precarios” y una esperanza de vida más baja y las mujeres encarceladas son “especialmente vulnerables y corren el riesgo de consumir drogas”.

A la luz de estos datos, el director del observatorio, Alexis Goosdeel, consideró “vital” contar con un “conocimiento sólido” de los patrones y la prevalencia del consumo de drogas entre la población carcelaria e “identificar qué tipo de respuestas están disponibles y funcionan mejor”.
El informe recuerda que, a menudo, es en la cárcel donde las personas que consumen drogas acceden por primera vez a los servicios sociales y de salud y, en línea con la nueva Estrategia de la UE sobre drogas 2021-2025, destaca algunos de los desafíos, pero también las oportunidades que surgen en este entorno para intervenir y brindar apoyo a los reclusos con el fin de reducir los daños relacionados con las drogas.