El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado así como al Parlamento y a la Xunta de Galicia para que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones que consideren convenientes.

Los recurrentes consideran que la norma podría vulnerar la reserva de ley orgánica para la regulación de los derechos fundamentales y el orden constitucional de distribución de competencias.

Según Vox, la nueva normativa aprobada en Galicia prevé imponer sanciones contra los gallegos que no se vacunen que van de los 1.000 y 3.000 euros para “infracciones leves” por parte de quienes se nieguen a vacunarse. Esa cifra puede elevarse hasta los 60.000 euros en caso de “negativa injustificada” a la vacunación “cuando se produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población”.

Según el presidente de la Xunta de Galicia, la normativa, que también contempla multas de 100 euros a quienes no respeten el uso obligatorio de la mascarilla, no implica de por sí la obligación de vacunarse, sino que se idea para dar soporte legal en Galicia a una hipotética futura ley del Gobierno central que recoja este tipo de sanciones.