En la carta, el portavoz de IU reconoce que la responsabilidad principal del escándalo recae en los gestores de las cajas, pero puntualiza que "el Banco de España tiene el deber de verificar el cumplimiento" de ciertas normas bancarias, entre ellas las relativas a la remuneración, indemnización e incentivos a sus direcciones.

Teniendo en cuenta, además, la importancia económica del sector, Llamazares supone que a la cajas se les harían inspecciones "in situ" y se redactarían los informes correspondientes.

Por ello, pregunta a Fernández Ordóñez "en qué fecha" conoció el Banco de España las remuneraciones, rentas vitalicias e indemnizaciones asignadas a los directivos,¡ y, en su caso, si se han respetado las normas para impedir el pago de unas cantidades "a todas luces excesivas".

En el caso particular de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se pregunta "cómo es posible" que los técnicos del FROB no sospecharan de que presentaba unas pérdidas muy inferiores a las declaradas y una mora mucho mayor. Eso sí, continúa, la investigación debería hacerse extensiva a Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa, Unnim y Banca Cívica.

Llamazares se autoconfiere legitimidad para enviar esta carta por "los 7.551 millones de euros de capital público inyectado por el FROB en el proceso de reestructuración bancaria y los 100.000 millones de euros de recursos privados que se han provisionado, en detrimento del crédito potencial a empresas y familias".