Anticorrupción atribuye a los procesados delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental continuada, malversación de caudales públicos continuada, blanqueo de capitales y organización criminal.

Según la información hecha pública este miércoles por el ministerio público, a las personas físicas se le piden seis años de prisión por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales; ocho años para los autores del delito y tres años y seis meses para los que considera cooperadores.

Además, pide tres años por el delito de blanqueo de capitales, cinco años por el delito de falsedad y seis años por el delito de organización criminal, además de multas y decomiso de bienes. Para las personas jurídicas la Fiscalía propone penas de multa.

Esta pieza del ‘caso Mercasa’ se cerró con la propuesta para sentar en el banquillo a varios directivos de la empresa como María Jesús Prieto Jiménez, los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana o el empresario José Herrero de Engaña. Las sociedades procesadas formaban parte de un consorcio de empresas (Cómic) que pagaron comisiones por valor de 20 millones de euros según la investigación.

Mercasa habría establecido un acuerdo con ese consorcio para conseguir contratos en la república Dominicana y Angola. En el caso del mercado mayorista de Luanda (Angola) se habrían pagado comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos para conseguir las adjudicaciones. El contrato se suscribió por un monto de 500 millones de dólares, aunque lo cobrado sólo sumó 200 millones.

Esas comisiones se detraían del importe de los contratos públicos a través de contratos de colaboración comercial celebrados con las sociedades Sonadi, Soter y Metab, cuyo único objetivo era canalizar las mordidas a las autoridades y funcionarios angoleños.