Aunque en sus conclusiones el informe avala la actuación del Estado y reconoce que los políticos independentistas actuaron al margen de la Constitución y de la legalidad, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación asegura en un comunicado que considera “incoherentes” las recomendaciones que instan al Ejecutivo a detener procesos judiciales y extradiciones pendientes, algo que choca con el respeto al principio de separación de poderes.

El informe sobre si ‘los políticos deberían ser procesados por sus declaraciones en el ejercicio de sus mandatos’, cuyo objeto era el análisis de España y Turquía, dice Exteriores, “ha evolucionado mucho en las últimas semanas en favor de posiciones más matizadas y respetuosas de la democracia y del funcionamiento del Estado de Derecho en España”.

“Varias de las recomendaciones forman parte de la política diseñada por el Gobierno desde hace tiempo para encontrar una vía que permita el reencuentro entre catalanes y entre los catalanes independentistas y el resto de los españoles, como son la apertura del diálogo, la concesión de indultos o la revisión del delito de secesión”.

No obstante, añade, “persiste el vicio de origen de tratar los casos de España y de Turquía de manera conjunta, y de presumir que los líderes catalanes independentistas pudieron ser procesados por expresar sus ideas. Este prejuicio, aunque finalmente haya sido corregido en el punto 8 de la resolución, sigue asomando en distintas partes del texto y está particularmente presente en el memorándum del relator”.

Además, dice Exteriores, la Asamblea no aprobó dos enmiendas que corrigen las recomendaciones que invitan a las autoridades españolas a abandonar los procesos pendientes y las extradiciones. Estas son recomendaciones que chocan directamente con el principio básico de la separación de poderes.

Por otra parte, “la resolución consolida la línea de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, marcada en el debate del pasado 3 de junio. Esa primera versión ya reconocía que España es una democracia vibrante, con un Estado de derecho que funciona, con jueces independientes y con un orden constitucional que es preciso respetar. Reconocía también que la actuación de los líderes independentistas fue inconstitucional e ilegal y que desafió los mandatos del Tribunal Constitucional”, concluye.