El titular del juzgado número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, archiva el caso por el pago de sobresueldos y gastos reembolsados que habían sido autorizados por Val. La investigación partió de una denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, que tras ser despedido denunció el supuesto cobro de complementos salariales irregulares.

El juez advierte de que contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días a partir de la notificación del mismo, y que también se podrá acumular recurso de apelación, que se podrá presentar de manera subsidiaria o directamente en el plazo de cinco días.

El auto dictado por Escalonilla recuerda la declaración como testigo del exgerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón, que explicó en sede judicial que Rocío Val “estaba facultada para implementar complementos salariales al no haber una norma interna que se lo impidiera”.

Señala el auto que la decisión de aplicar esos complementos debía ser aprobada posteriormente por el Consejo de Coordinación y en última instancia por el Consejo Ciudadano Estatal.

Del análisis de la documentación aportada por la formación y que se presentó al Consejo, el juez concluye que este órgano fue informado del monto total de los salarios de todos los empleados, y señala que “sin más explicaciones difícilmente cabe entender que sus miembros tuvieran conocimiento de la implementación de dicho complemento salarial, siendo difícil de comprender la posible labor censora de la ejecución del presupuesto de dicho ejercicio”.

Así, el auto concluye que “ante las serias dudas interpretativas sobre las facultades de dicha gerente, la aprobación de la implementación de dicho complemento salarial por el Consejo de Coordinación, y la falta de denuncia por el titular del patrimonio administrado [Podemos], no cabe apreciar la presunta comisión por parte de Rocío Esther Val del delito de administración desleal que se le imputa”.

El juez indica, además, que la exgerente de Podemos “no implementó en su nómina y en la nómina del Responsable de Finanzas y Transparencia del partido, Daniel de Frutos Ramírez, dos complementos salariales, sino uno sólo, en concreto el de Coordinación Ejecutiva por importe de 400 euros, toda vez que el complemento salarial por responsabilidad había sido ya creado durante el proceso de categorización de los empleados de dicho partido político”.

Escalonilla ya había acordado el archivo provisional de esta parte de la investigación en marzo pasado, por entender que Val tenía facultades para acordar esos complementos salariales que cobraron ella y otros cargos del partido. Vox, que es acusación popular en esta causa, presentó un recurso y la investigación se reabrió.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid archivó por motivos formales y sin entrar a analizar el fondo de la cuestión las actuaciones relacionadas con una donación hecha por Podemos a la fundación Instituto 25M. Esta institución estaba dirigida por el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, investigado en el ‘caso Neurona’ por la presunta elaboración de una factura falsa de 26.200 euros que cobró de Neurona. Esta consultora suscribió un contrato de asesoramiento con Podemos para las elecciones de 2019 que también está siendo investigada en el Juzgado de Instrucción número 42.