Según informó AI, tras tres años de investigación, el Ministerio Público mexicano ha decidido no ejercer la acción penal en el caso de Ligia Ceballos Franco apoyándose en el fallecimiento de los presuntos perpetradores de su robo. Todo ello a pesar de los “importantes avances” para restablecer su verdadera identidad.

Ante esta situación, los abogados de la mujer han presentado esta semana un escrito de impugnación contra la decisión del Ministerio Público, que se discutirá en una audiencia oral en las próximas semanas. Esta impugnación tiene como objetivo que la Fiscalía siga investigando para garantizar el derecho a la verdad de Ligia Ceballos Franco, y el conocimiento y restablecimiento de su identidad y origen biológico.

Ligia Ceballos Franco, ciudadana mexicana, presentó el 15 de febrero de 2017 una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República Mexicana, que en pocos días fue admitida, por presunta desaparición forzada.

Unos años antes, la demandante había descubierto que había nacido en España con una identidad distinta y que había sido entregada a quienes hasta entonces consideraba sus padres biológicos.

Amnistía Internacional, que apoyó la presentación de la denuncia, cree que este caso podría formar parte del “robo de bebés en España”.

Luego de una petición de auxilio judicial formulada por las autoridades mexicanas, la Fiscalía Provincial de Madrid comenzó otra investigación que, “pese a su exhaustividad”, se cerró sin determinar el origen de Ligia Ceballos Franco. No obstante, como consecuencia de los esfuerzos de ambos ministerios públicos, se han podido conocer detalles de su pasado que “avanzan en la reconstrucción de su propia historia y en la satisfacción de su derecho a conocer su verdadera identidad”.

El director de AI, Esteban Beltrán, lamentó que la Fiscalía General de la República Mexicana haya decidido no ejercer la acción penal en este caso “impidiendo así la realización del derecho a la verdad y a la propia identidad” de la mujer, “a saber quien fue su madre biológica y si fue separada de ella con o sin su consentimiento”.

Recordó que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas estableció en su momento que los efectos de este tipo de delitos sólo cesan cuando se descubre la verdad sobre la identidad y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal y real de restablecerla, así como sus lazos familiares.

“Extremos que en el presente caso no se han garantizado aún”, señalo Beltrán.

‘BEBÉS ROBADOS’

Amnistía Internacional presentó el pasado mes de marzo el informe ‘Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de ‘bebés robados’, en el que denunciaba los obstáculos y dificultades que se encuentran en sus procesos de búsqueda aquellas personas que, como Ligia Ceballos Franco, quieren conocer su identidad y origen, así como de quienes sospechan haber sufrido la sustracción de sus hijos.

Las denuncias y testimonios documentados por la organización engloban a personas que pudieron ser objeto de desaparición forzada o de sustracción y sustitución de sus identidades desde finales de la Guerra Civil hasta los primeros años de la democracia. Todo ello con la “connivencia del Estado en un primer momento”, y con “una respuesta inadecuada posteriormente para el avance de estas investigaciones y el acompañamiento a las personas inmersas en estos procesos de búsqueda”.

En España, múltiples juzgados han aplicado la prescripción a estas denuncias, lo que en la práctica ha supuesto no llevar a cabo ni un mínimo intento por proporcionar verdad a las víctimas, según Amnistía Internacional. Por su parte, los esfuerzos realizados por la Fiscalía no han impedido que numerosas de las investigaciones emprendidas fuesen cerradas sin haber podido proporcionar certeza ni avances significativos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Por todo ello, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, reclamó a las autoridades mexicanas que “decidan continuar con la investigación para ayudar a Lily a encontrar la verdad sobre su familia, y no contribuyan a perpetuar el clima de impunidad que hasta ahora acompaña a los casos de ‘bebés robados’ en España”.