Así lo indicó este miércoles el presidente de Cofides, José Luis Curbelo, junto al director general de la compañía pública, Rodrigo Madrazo, donde garantizó que, tanto en análisis de las peticiones que formulen las empresas como su aprobación o no, tendrá lugar bajo criterios “objetivos” y “transparentes”, como los que dijo que siempre han presidido la actuación de Cofides.

Para garantizarlo indicó que se construido una plataforma tras licitar el diseño a consultores externos, donde las compañías encontrarán toda la información sobre las posibilidades de recapitalización y deberán formular su demanda. Junto a ella y una vez adjunten la documentación requerida, incluido un ‘bussines plan’ que garanticen su viabilidad futura, los técnicos de Cofides asignará un rating preliminar que servirá de primer filtro para aceptar o no la operación. Ahí se verificará “si la operación entra dentro del apetito de riesgo para el fondo, es decir, cumple las condiciones de ser viable en el 2019, haber tenido un quebrando por la pandemia, y tener unas expectativas de supervivencia alta”, indicaron.

Si resulta positivo trasladarán el expediente a dos expertos: uno financiero y otro legal, para que analicen en profundidad las cuentas de la empresa y el plan de negocio con una ‘due dilligence’ y “dar luz verde o luz roja, con un resultado incuestionable” desde la óptica técnica, apuntó el presidente de Cofides. Para tener suficiente apoyo externo, refirió que han seleccionado un ‘pull’ de 30 expertos (15 financiero y 15 legales) a través de una licitación.

Si su informe resulta positivo, se trasladará al Comité Técnico de carácter interministerial que autorizará, en su caso, a Cofides los contratos. Este último organismo lo integran altos funcionarios, con rango de subdirectores generales de los ministerios económicos, “sobre los cuales no existe ningún tipo de capacidad de persuasión”, remarcó al ser cuestionado sobre la polémica suscitada en algún rescate de la SEPI con el fondo análogo para empresas estratégicas.

Al fondo de Cofides podrán acceder empresas de cualquier sector con ingresos netos de entre 15 y 400 millones de euros, y que recibirán préstamos o inyecciones de entre 3 y 25 millones -de 3 a 15 millones en el caso de las pymes, y de 4 a 25 en las restantes compañías-.

El fondo se dirige así un colectivo de empresas que, por su dimensión, suponen el 0,4% de las compañías en España o alrededor de 14.000, pero que generan el 17-18% del empleo, unos 3 o 3,5 millones de trabajadores.

Para ellas deberá ser una financiación de “último recurso”, conforme a los criterios establecidos por Bruselas para las ayudas públicas, es decir, para empresas con dificultades que no podrían seguir funcionado si no recibieran la financiación. Así las empresas, con rating buenos o muy buenos “no entrarán porque no cumpliría con el criterio de último recurso porque podrían encontrar financiación en el mercado” y “las que no sean viables tampoco podrán entrar en el fondo”, indicaron los directivos de Cofides.

Para poder acceder se exigirá que tengan sede y los principales centros de trabajo en España, además de ser viable antes del Covid, pero con quebrantos por la crisis, encontrarse al día en el pago de impuestos y reunir otras condiciones lógicas en estas situaciones como no haber sido condenada en sentencia firme. “Habrán de demostrar que son viables a futuro”, detalló el presidente de Cofides, puntualizando que deben tener una estructura de endeudamiento sostenible a medio y largo plazo y no estar en concurso de acreedores o haber salido de él.

AJUSTES DE PLANTILLA

Si su viabilidad pasa por acometer un ajuste de plantilla, deberán comunicarlo en el plan de negocio y resolverlo de acuerdo con los representantes de los trabajadores. El presidente de Cofides precisó que estos ajustes competen a la empresa, pero se valorará la preservación del empleo al evaluar el expediente.

Una vez aprobado, Cofides confía que la mayoría de empresas solicite reforzar sus fondos propios a través de préstamos participativos o subordinados, ya que la toma de participación directa “es un instrumento complejo” que quizá encaja menos para este tipo de empresas, aunque también estará disponible como opción. Lo que no será una alternativa será recibir los fondos como crédito ordinario. Si entran en el capital, el Estado a través de Cofides no podrá ser accionista mayoritario en ningún caso.

El apoyo se prestará por un plazo de 8 años, siendo su coste económico en los primeros 2-3 años bajo al coincidir con un periodo de carencia y a partir de ese momento será creciente para alentar la devolución cuanto antes. Hasta que no hayan reintegrado, al menos, el 75% de la deuda, no podrá repartir dividendos, tendrán restricciones en los sueldos de gestores y consejo de administración y “no podrán comprar empresas rivales competidoras”.

“Esperamos recuperar una parte importante de los fondos que se han invertido. Son empresas en situación muy precaria, donde pudiera existir el fracaso, pero estamos convencidos de que los éxitos van a ser mayores que los fracasos”, indicó Curbelo, quien estima que podrían aprovechar el fondo unas cien empresas.

A su juicio los 1.000 millones son un presupuesto adecuado para el espectro de empresas a las que se dirige y los criterios de acceso. La ventana para acudir al fondo se cerrará, en principio, el 31 de diciembre de este año, aunque la Comisión Europea podría ampliar la ventana. Para su análisis estiman que tardarán 2-3 meses.

Para dar a conocer el vehículo, el presidente de Cofides avanzó que harán un ‘road show’ en las diferentes comunidades autónomas para explicar el fondo a las autoridades políticas y consejeros del ramo a fin de que pueden tenerlo “en su rádar de estrategia de saneamiento de empresas” y para explicarlo también a los bancos que les ayudarán a vehicular los fondos.