Denunció que la violencia de género también atenta contra la infancia y la maternidad. Según el Observatorio de Violencia de Género, en España hay 471 menores en riesgo de convertirse en víctimas de violencia de al menos uno de sus padres o progenitores. De estas víctimas, un 12% se encuentran en riesgo alto o extremo de violencia paternal.

Asimismo, el 43% de las mujeres maltratadas que son asistidas en la Fundación Madrina no abandona nunca a sus parejas violentas por falta de recursos, y un 32% alegan temor a que los Servicios Sociales o su agresor les quiten a los niños por no poder mantenerlos, declarándose en desamparo y vigilancia de por vida por Servicios Sociales, según indicó la fundación.

Además, señaló que la justicia no atiende las denuncias por amenazas. La víctima solo está protegida si puede demostrar la violencia ejercida contra ella “con parte de lesiones”. Esto genera desconexión entre el rol de padre y de maltratador. Por esta razón, ningún maltratador pierde la patria potestad de los hijos y siguen con visitas y acceso a los menores.

En este mismo contexto, la fundación especificó que solo un 5% de los padres que ejercen violencia sobre los menores, pierden la custodia compartida y en ningún caso de sentencia firme por violencia de género, los padres han perdido la patria potestad, aunque puedan perder la custodia y es que existe protección y orden de alejamiento para la víctima y no para los menores. Es solo en el 3% de los casos en los que hay sentencia firme por violencia de género que se suspenden las visitas de los padres maltratadores a sus hijos.

En el caso de las madres, la Fundación Madrina apuntó que muchas de las que han seguido el proceso de denuncia y sentencia por “violencia de género”, manifiestan su miedo y arrepentimiento al haberlo hecho, ya que al finalizar los meses de alojamiento tutelado que proporciona la administración, se encuentran abandonadas por la misma.

MEDIDAS

Por todo lo expuesto, la Fundación Madrina solicitó que en los juicios de violencia de género con sentencia firme se valore el riesgo de los menores y se suspendan custodias y regímenes de visitas o bien se mantengan supervisión.

También considerar violencia el abandono de la pareja embarazada o con niños, el apoyo “real” y “permanente” a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos, con el fin de que puedan dar el paso definitivo de la denuncia, y facilitar vivienda social “protegida y permanente, no temporal” para estos menores y sus madres en riesgo, hasta normalizar su situación económica y de empleo.

Asimismo, reclamó pedir estudios periciales “psicosociales” de la mujer y los niños menores a su cargo, ante la primera alarma o sospecha de violencia infantil y, en que se apoye, por tanto, la autonomía familiar de la presunta víctima y de sus hijos de forma integral; que ningún maltratador con sentencia firme de víctima de violencia tenga acceso legal, ni la custodia, para con los niños en riesgo de violencia, y la retirada de la custodia y de la patria potestad de los niños, si fuera necesario, a los maltratadores acusados por sentencia firme en casos de riesgo para los menores.

Finalmente, solicita agravar las penas, incluida la prisión permanente revisable, para cualquier padre/madre que haya agredido gravemente a un menor, con pérdida de patria potestad, y proponer la figura de observador o “defensor del menor” en todos los centros escolares que estén capacitados para denunciar y dar la alarma en caso de sospechas fundadas de maltrato a los menores, especialmente para mujeres que no denuncian.