En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz fue preguntada por el informe de la comisión de expertos, encargada de definir la cuantía equivalente al 60% del salario medio en España, de cara a determinar el ritmo de subida del SMI en lo que resta de legislatura para llevarlo a esa cifra.

El diario ‘el País’ publica hoy que hay un borrador de esa comisión “muy avanzado”, que no está cerrado, y que recomienda subir el SMI hasta una horquilla entre 1.012 y 1.047 euros en 14 pagas hasta 2023, desde los 950 euros mensuales actuales.

Montero señaló que esta semana se dispondrá de las conclusiones sobre la cuantía a la que se tiene que llevar el SMI en 2023 y, “una vez que tengamos esas cantidades de referencia tendremos la capacidad de enfrentarlo al diálogo social, para que en ese marco se pueda llegar al acuerdo de cómo distribuir el peso de ese compromiso en esos ejercicios presupuestarios”.

Puntualizó que “lo que podremos discutir es cómo lo distribuimos en el año 2022, 2023, o si incorporamos el año 2021”. Defendió que “es evidente que el Gobierno va a cumplir con su compromiso” de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio al término de la legislatura, “en línea con las recomendaciones de países de nuestro entorno y de las cartas de derechos laborales”.

La portavoz puntualizó que “es importante llegar a ese compromiso, pero también es muy importante, sobrevenido con la pandemia sanitaria, el que sea compatible con la generación de empleo para que nuestro país pueda llegar a las cifras prepandemia y, si es posible, recuperar también las expectativas que teníamos de crecimiento de la ocupación antes de que se iniciara esta pandemia”.

En esta línea, insistió en ser “conscientes de que tenemos que equilibrar esa mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, pero por supuesto garantizando que ello no va a ser a costa de pérdida de trabajo o de pérdida de empleo, lo haremos en los próximos meses”.

La comisión de expertos, formada el pasado mes de enero, está formada por 14 personas entre representantes de las patronales y los sindicatos, de varios ministerios (Trabajo, Hacienda y Asuntos Económicos y Transformación Digital) y académicos.