Según explicó Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, el recurso no incluye la petición de suspensión cautelar de la ley. A este respecto, indicó que la decisión de no pedir la suspensión cautelar responde al hecho de que el Gobierno está desarrollando muchos de los artículos recurridos en la futura ley de Vivienda que quiere aprobar el Ejecutivo y que sigue sin ver la luz ante las dificultades para alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos, su socio de gobierno.

En cuanto al recurso ante el Constitucional, apuntó que se debe a que la normativa catalana vulnera competencias estatales y lamentó que no se haya podido alcanzar un acuerdo en el marco de la comisión bilateral entre ambas administraciones para evitar el recurso al Constitucional.

Por otro lado, recordó que tanto el Consejo de Garantías estatutarias de Cataluña como el Consejo de Estado han detectado que la ley recurrida presenta criterios contrarios a la distribución competencial.

El Gobierno solicita la impugnación de los artículos 1 y del 6 al 18; las disposiciones adicionales de la primera a la cuarta; la impugnación de la disposición transitoria primera y la disposición final cuarta letra D. El plazo para la interposición de la impugnación ante el Tribunal Constitucional finaliza el 21 de junio.