Durante su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y de Transformación Digital en el Congreso de los Diputados, explicó que es una ley que “va a redundar en más protección del cliente financiero porque los ciudadanos, a partir de esta ley, van a poder disponer de un mecanismo alternativo a la vía judicial para poder hacer valer sus derechos en las controversias puedan surgir con entidades financieras”.

Junto a esta normativa, entre las prioridades de su departamento figura la ley de creación y crecimiento de empresas que prevé sacar también a audiencia pública “durante el tercer trimestre del año”.

La llamada Autoridad Independiente de Protección del Cliente Financiero se incluyó desde el principio entre los proyectos estrella del ministerio con cara a sacarla en el año 2019, pero tropezó con dificultades presupuestarias para su puesta en marcha al principio y luego con una crisis provocada por la pandemia que obligó a centrar el foco en medidas para ayudar a familias, empresas y trabajadores a encarar la situación.

El proyecto viene de lejos, ya que el Gobierno del PSOE lo heredó como inacabado del Ejecutivo del PP y Nadia Calviño asumió su puesta en marcha como empeño personal para desjudicializar los conflictos por productos y servicios financieros.

Se ocuparía de dirimir las reclamaciones sobre todo tipo de productos financieros (créditos, seguros, inversión, tarjetas, etc), asumiendo las competencias que actualmente ejercen los departamentos de reclamaciones del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, pero con capacidad para imponer sus resoluciones.

El carácter no vinculante de los departamentos de reclamaciones de los tres organismos supervisores hace, de hecho, que las entidades desoigan en muchos casos sus fallos, provocando que muchos casos acaben en los tribunales.