Así lo aseguró este lunes el comité en un comunicado en el que recordó que el pequeño, de madre marroquí, nació en Melilla en 2013 y vive desde entonces en el enclave español. Cuando tenía seis años, su madre intentó matricularlo en la escuela, pero las autoridades no reconocieron su residencia. A pesar de varios procedimientos judiciales, las autoridades administrativas y judiciales locales se negaron a permitir que el menor asistiera a la escuela pública.

Su madre presentó una denuncia ante el CDN en marzo de 2020. Ocho meses después, la policía confirmó que el niño y su familia vivían en Melilla. A pesar de que la legislación española reconoce que los niños residentes tienen derecho a la educación, las autoridades locales se negaron a que el niño asistiera a la escuela, argumentando que no había pruebas de que tuviera un permiso de residencia legal.

El conflicto se resolvió en marzo de este año, cuando el Ministerio de Educación español ordenó a las autoridades locales que permitieran al menor asistir a la escuela, aunque para entonces había perdido casi dos años de educación formal.

Luis Pedernera, miembro del Comité, celebra la decisión de admitirle en la escuela, pero denuncia que "ha llegado demasiado tarde y no repara totalmente el daño causado por su prolongada ausencia de la escuela". “Todos los niños tienen derecho a ir a la escuela, independientemente de su situación legal o la de sus padres”, añade, y apunta que el pequeño "debería haber podido aprender en un aula y hacer amigos con otros niños y niñas de su edad, aunque no tenga la nacionalidad española".

COMPENSACIÓN

Por todo ello, el CDN insta al Estado español a proporcionar al alumno “una compensación adecuada” y a que adopte “medidas proactivas para asistirlo en ponerse al día en la escuela”.

Es más, el organismo alerta de que “la mayoría de los demás niños sin permiso de residencia legal en Melilla se enfrentan a obstáculos de facto que impiden su escolarización”. "Esto supone una discriminación que viola la Convención sobre los Derechos del Niño", añade Pedernera.

El año pasado, el Comité recibió con satisfacción la rápida decisión de España de permitir que una niña marroquí de 12 años se matriculara en una escuela local. Hasta ahora, seis niños y niñas que han presentado quejas ante el Comité han sido admitidos en la escuela. Sin embargo, se calcula que más de 150 niños sin un permiso de residencia legal en Melilla siguen excluidos del sistema educativo público.

Para evitar violaciones similares, el CDN pide a España que garantice que las autoridades administrativas y judiciales locales tomen medidas eficaces y rápidas para confirmar la residencia de niños y niñas para admitirles en el sistema escolar público sin demora.