Lo hizo la víspera de la conmemoración del Día Internacional de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, el cual se define como “todas las acciones u omisiones únicas o repetidas que, bien de forma intencionada o negligente, se comenten contra personas mayores y vulneran su integridad física, sexual, psicológica y atentan contra su dignidad, autonomía o derechos fundamentales”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que una de una de cada seis personas mayores de 60 años es víctima de abusa, aunque considera que esta cifra es muy inferior a la real, ya que se calcula que sólo denuncia uno de cada 24 casos.

Luego de subrayar que el maltrato y el abuso hacia las personas mayores es punible en España a través del artículo 173 del Código Penal, dejó claro que este tipo de prácticas “se puede denunciar y existen diversas alternativas” que los ancianos deben conocer.

Por ello, consideró necesario el desarrollo de una estrategia integral de lucha contra los malos tratos y la violencia a los ancianos que contemple medidas legislativas, educativas, campañas de sensibilización, formación a los profesionales sociales y sanitarios, acciones de los medios de comunicación y el sector de la publicidad, servicios de información y apoyo a las víctimas y acciones intergeneracionales entre todos los miembros de las familias.

HelpAge International recordó que el primer Informe Mundial sobre Edadismo publicado en marzo, a nivel mundial, pone de manifiesto que una de cada dos personas es ‘edadistas’ hacia las personas mayores, es decir, que tiene comportamientos basados en prejuicios y estereotipos negativos asociados a la vejez.

Por esa razón, abogó por promover una “actitud positiva y el buen trato” hacia las personas mayores a través de la formación y sensibilización, y la puesta en marcha de “iniciativas intergeneracionales”.

Por último, arguyó que la creación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores “ayudaría a los estados a tener una base sólida que les orientara en la elaboración de un marco jurídico para combatir la discriminación y violencia en la vejez”.