La suspensión de los procedimientos de desahucios y lanzamientos se dictaron para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional durante la pandemia, pero daba derecho a una compensación a sus dueños si los servicios sociales no han podido encontrar una alternativa para las personas en situación de vulnerabilidad y cuando se produzca una pérdida para el propietario porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler.
Son indemnizaciones que ya estaban recogidas en el Decreto-ley 37-2020 que estableció las suspensiones de los desahucios y el Decreto aprobado hoy las pone en marcha en la práctica, al establecer las medidas y el procedimiento para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones dentro de su ámbito territorial.
Según fuentes del Gobierno, con el decreto aprobado este martes se viene "a conjugar la necesidad de atender las situaciones de emergencia social y sanitaria que se han producido en esta pandemia con el respeto a la seguridad jurídica de los propietarios y arrendadores". "Puesto que son las administraciones públicas las que deben sufragar la política social. Por lo tanto, no hay legitimación de la ocupación, hay política social", indicaron.